Zaplana, un mal juicio

Eduardo Zaplana, el rey de reyes de la Comunidad Valenciana en aquel tiempo de vino y rosas que devino en corrupción y espinas, el hombre que cambió el tablero de juego a partir del pacto con una tránsfuga socialista en Benidorm, está a las puertas de una condena (o no) judicial por algunas de sus trapacerías de entonces, un juicio que es seguramente uno de los casos más sangrantes y lacerantes de la historiografía judicial de este país, y no por la materia juzgada sino por el larguísimo periodo transcurrido entre aquellos hechos (delitos presuntos de 1997 y 2003) y el hoy. Toda una sima de 25 años que lleva a hacerse algunas preguntas: ¿quién se acuerda hoy de Eduardo Zaplana? ¿qué acción ejemplarizante tendría una supuesta condena ahora ante una parte de la sociedad que ni siquiera había nacido entonces?

Más allá de esta realidad incontestable —Zaplana irá finalmente a juicio porque la jueza del número 8 de Instrucción de Valencia entiende que hay indicios suficientes para incriminarle y Fiscalía pide para él 19 años de cárcel— se dan aquí otras realidades paralelas que nos deberían alertar de la distopía judicial en la que andamos. Más, justo ahora que la cosa judicial está hecha un adefesio a propósito de la renovación de cargos del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal de tribunales, el Constitucional. De modo que lo del tardío juicio de ahora a Zaplana y Cía., pues la lista de encausados es larga, incluido quien le sucediera en el cargo, José Luis Olivas, sería uno de esos síntomas de la gangrena de parte del propio sistema judicial de este país derivada en gran parte de la crónica escasez de medios y personal a la que ningún gobierno —ni antes ni ahora— han querido realmente poner remedio. Ya les va bien así. 

La realidad monda y lironda, es que quien mandara con mano de hierro en la Comunidad Valenciana entre 1995 y 2002, quien persiguiera de forma implacable a quienes consideraba enemigos aunque solo fueran meros discrepantes (que se lo cuenten al diario Información de la época que sufrió en carne propia todo un apartheid institucional), quien prometió la Arcadia californiana, quien dijo que estaba en política para hacerse rico y nada pasó, es el mismo personaje que hasta ahora había logrado milagrosamente esquivar la acción de la justicia que, curiosamente, sí acabó empapelando a muchos de sus colaboradores y familiares (casos Ivex, Terra Mítica…). Como lo es que tampoco ahora presentará cuentas por ninguna de todas aquellas tropelías de grado mayor, sino por cuestiones ciertamente menores.

No lo hará por el gran pelotazo urbanístico que supuso urbanizar millones de metros cuadrados en Benidorm en unos terrenos yermos que previamente se habían “oportunamente” quemado unos años antes. Hablamos, claro, de Terra Mítica y alrededores, seguramente uno de los mayores pelotazos urbanísticos que han pasado en el silencio cómplice de muchos porque fueron muchos los beneficiarios de aquello.

Nada de todo aquello —ni siquiera el gran fiasco del parque temático que se levantó como señuelo— lo lleva tardíamente al banquillo de los acusados, sino que sus cuentas pendientes con la Justicia son por unas comisioncillas, metáfora del mismo “error fiscal” que llevó al mafioso Al Capone entre rejas, y que en este caso es a cuenta de la privatización de unas estaciones de ITV en 1997, junto con algunas otras mordidas en la adjudicación del Plan Eólico allá por el 2003. Demasiado poco y demasiado tarde.

El expresidente de la Generalitat, el exministro de Trabajo y vicepresidente y portavoz del Gobierno con José María Aznar, podrá ser así final y tardíamente condenado o absuelto, pero sea una u otra la realidad judicial que prevalezca —nada tiene esto que ver como sabemos con la otra realidad, la de los hechos— sucede que el juicio que afronta será sin duda un mal juicio. De ser declarado inocente —nadie debería ser culpable en este país salvo que un juez lo diga— por el calvario que estos años habrían supuesto para el acusado, incluido su paso por la cárcel. De ser declarado culpable, porque la justicia que se da tan tardíamente, con tanta dificultad, nunca puede serlo del todo ni es socialmente reparadora.

Por eso, quizás, cabría concluir que este de ahora nunca podrá ser ya un buen juicio, aunque, ciertamente, vaya a ser un juicio necesario.