El pasado jueves 26 el Consejo de Gobierno de la Universidad de Alicante (UA) aprobó por mayoría la propuesta del Consejo de Dirección de un calendario electoral, como también de la convocatoria de elecciones para el cargo de rector o rectora que tiene que dirigir la institución los próximos seis años. Me llamó la atención la reducción a seis únicos días lectivos para el desarrollo de la campaña electoral. Será, pues, sin ninguna duda, la más corta de las últimas décadas en nuestra universidad, donde en las anteriores encontramos una horquilla entre 8 y 20 días. Sin ir más lejos, las elecciones sindicales de la UA de 2022 tuvieron un total de diez días hábiles. Seis días dan para mucho, como se afirmó en el debate que hubo en aquel órgano de gobierno, pero no para asegurar la igualdad de oportunidades a todas las candidaturas a presentar su proyecto y entrar en el debate de ideas correspondiente.
Seis días enteros que en nuestro día a día permitirían un viaje corto a una ciudad que queremos explorar, un retiro de bienestar en un centro de relax, un tour gastronómico por diversos restaurantes y mercados locales, un maratón de lectura que nos permita ponernos al día en tres o cuatro novedades que teníamos pendientes de leer, un boceto de obra de arte si nos dedicamos a la pintura, una redacción general de un artículo de investigación para una revista de impacto —aunque necesitaremos seguramente una semana más para revisarla y ajustarla a los criterios de edición—, entre otras muchas acciones de nuestra cotidianeidad. Por el contrario, con seis únicos días no podemos aprender un idioma, construir una casa de obra, recuperarse de una cirugía mayor, entrenar para un maratón, revisar la corrección de unos tres TFG (Trabajos de Final de Grado) o de una tesis doctoral que estemos dirigiendo, o corregir los exámenes finales de dos asignaturas con preguntas de desarrollo que hemos impartido, siempre que tengamos grupos razonables en número, entre otras muchas cosas.
Mi reflexión nace frente a la sinrazón de justificar una reducción del tiempo marcado para una campaña electoral, más teniendo la seguridad, porque ya se ha hecho público, que habrá más de una candidatura: la de la actual rectora, Amparo Navarro, y la del catedrático de Química, Enrique Herrero. Curiosamente es el mismo plazo que el cronograma aprobado ofrece para la presentación de las candidaturas, una tarea sencilla que podría resolverse con un par de días. Por el contrario, dar a conocer sus propuestas y ponerse en contacto con todos los colectivos es materialmente imposible. Cierto es que las tecnologías de la comunicación actuales facilitan el acceso a todos ellos, pero la exposición pública y la presencialidad de los actos quedan fatalmente reducidos. Pensemos, por ejemplo, que la Universidad de Alicante tiene siete centros académicos (facultades y escuela politécnica): no se da la opción para que los actos se concentren cada día en uno de ellos. Cierto es que nuestro reglamento electoral, en el artículo 24, no concreta esta fecha, por lo que en cada renovación de los rectorados anteriores los plazos han fluctuado: sólo se indica su exitencia como conjunto de actividades llevadas a cabo por las candidaturas para la captación de votos y presentación de sus programas y que deben de realizarse en locales reservados por la Junta Electoral previa solicitud realizada a la misma con un mínimo de dos días lectivos de antelación.
Lo que es de sentido común es que esta fase de gran importancia permita conocer las propuestas de cada candidatura, como la revisión de lo acontecido en la legislatura anterior —en el caso de la candidata que la ha ocupado en los últimos cuatro años—, debe tener el tiempo suficiente para garantizar la igualdad de oportunidades de quienes concurran. Así lo explica claramente el sociólogo alemán Jürgen Habermas en su estudio Facticidad y validez. Sobre el Derecho y el Estado democrático de derecho en términos de teoría del discurso (1992; traducido al español de 2010): se debe asegurar la inclusión de todos los ciudadanos en la discusión pública, así como la posibilidad de que las diferentes posiciones y opiniones tengan acceso equitativo a los medios de expresión. Una reflexión donde también incidía el politólogo Robert Alan Dahl en La poliarquía: participación y oposición (1972; traducción al español de 2009); ya en su introducción delimita que unas elecciones deben ser competitivas y ofrecer a los ciudadanos una genuina opción, en formato y en tiempo, para conocer las distintas candidaturas. La competencia electoral es un factor clave, pues, que distingue a las democracias reales de los regímenes autoritarios o semidemocráticos.
No puedo confirmar si quienes defendieron la propuesta inicial de esta reducida campaña electoral conocen los diversos estudios que ofrecen estas recomendaciones de sociólogos y politólogos de reconocido prestigio, aunque en alguno de los intervinientes, por su campo de especialización, puedo intuir que los han analizado. Pero es obvio que, por voluntad propia y sin un sentido lógico, han cerrado una reflexión que impedirá que exista un debate público abierto y pluralista para tomar una decisión importantísima de nuestra comunidad universitaria: quien tiene que dirigir una universidad que, además del conflicto no resuelto de la continuidad del grado de Medicina, tiene diversos temas enquistados o no resueltos todavía para sus más de 23 000 estudiantes, más de 2000 personas del colectivo de Personal Docente e Investigador (PDI) y 1100 del Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS). Seamos honestos y no cerremos filas sin una justificación razonable. De lo contrario, como en los casos anteriores, sólo tendremos tiempo de conocer parcialmente borradores o esbozos del modelo de universidad que necesitamos. Una campaña electoral, con un día único de debate por cada año del mandato, que se iniciará cuando esta acabe.
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