Después de criticar los planes de desalinización desarrollados por el gobierno de Zapatero y la ministra Narbona, ahora, la titular de Agricultura no sólo se olvida del trasvase del Ebro sino que anuncia la ampliación de la demonizada hace una década planta de Torrevieja y advierte incluso de que no se podrá subvencionar su consumo.
El mundo al revés. Los regantes y cualquiera de los ciudadanos de la provincia de Alicante que abren el grifo de su casa todos los días, unos para regar, otros para beber, necesitan una explicación de por qué lo que hace diez años, incluso sólo seis, era malo ahora es bueno. El gobierno que preside Mariano Rajoy, el mismo que durante años y años ha prometido, en mítines o en sesiones del Congreso de los Diputados, que la provincia de Alicante necesita el agua del Ebro y que las desalinizadoras están bien como complemento pero en ningún caso son la solución al problema de la falta de agua en la zona, defiende no sólo el agua desalinizada sino que, además, anuncia, a través de la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, una inversión de 45 millones de euros más para la planta de Torrevieja. La misma infraestructura que el gobierno municipal torrevejense paralizó durante años, la misma que costó 180 millones de euros, la misma que produce ahora 80 hectómetros cúbicos y pasará con la nueva inversión a producir 120 en una fecha todavía sin fijar.
La titular de Agricultura desde finales de 2011 es la responsable de la larga cambiada del gobierno de Rajoy con la política del agua. De aquellas manifestaciones con el lema ‘Agua para todos’ para exigir el trasvase de mil hectómetros cúbicos anuales del Ebro para la Comunitat, Murcia y Almería se ha pasado a incrementar la utilización del agua del mar para riego y consumo humano. Nada se ha dicho de momento de la estación de Mutxamel, criticada también por los altos responsables del Partido Popular.
Tejerina, como ocurrió con los responsables de Fomento y Agricultura de los sucesivos gobiernos de Felipe González, Aznar, reclama ahora lo que ya se produjo en 2001: un Pacto Nacional del Agua. Entonces aquel acuerdo propició el Plan Hidrológico Nacional (PHN) que el gobierno de Zapatero anuló a las pocas semanas de tomar posesión de su cargo, a través de la ministra de Agricultura Cristina Narbona, hoy presidenta del PSOE. ¿Qué se pretende? Lo mismo que hace casi veinte años: un consenso lo más amplio posible entre las distintas regiones, perdón, comunidades autonómas del Estado.
La entonces presidenta de la Diputación de Alicante, Luisa Pastor, reactivó en sus cuatro años de mandato (2011-2015) la Comisión Provincial del Agua para exigir la llegada de agua de los territorios de donde sobra a donde falta, “sin quitar nada a nadie, una vez satisfechas todas las necesidades de la cuenca cedente”, insistía. Pues bien, todo ha quedado en agua de borrajas, porque Rajoy y su ministra Tejerina están ahora por la desalinización sin subvencionar (como marca la UE) y nada se sabe del envío de agua desde el Ebro.
El PHN básicamente decía que el trasvase del Tajo es insuficiente, por ello era necesario el envío anual de agua del Ebro para la Comunitat, Murcia y Almería. Además, se propició también la transferencia de agua desde la cabecera del río Júcar a la del Vinalopó, obra que sí se realizó pero se está pendiente del arreglo de las filtraciones del embalse de San Diego, junto a la estación de La Encina, en Villena, y de la construcción del post-trasvase para el reparto de agua desde ese embalse. También está por ver si definitivamente se cambia la toma de agua desde el contaminado Azud de la Marquesa, junto a la desembocadura o en las aguas limpias de Cortes de Pallás o de Antella, en la zona media del río.
Tan hábil ha sido la ministra de Agricultura dando largas a los proyectos que los responsables del PP prometieron ejecutar durante los años de gobierno de Zapatero como ambigua a la hora de enseñar sus verdaderos planes. Lo verdaderamente cierto es que los planes de Rajoy y Tejerina son muy turbios sobre lo anunciado hasta 2011. Eso de tan claro como el agua no se puede aplicar a la política hídrica desarrollada desde que Zapatero dejó de ser presidente del Gobierno.
Todo lo que ha dicho esta semana la ministra Tejerina, desde la recuperación del trasvase Tajo-Segura hasta la ampliación de la planta desalinizadora de Torrevieja (advirtiendo eso sí que Bruselas impide que se subvencione su uso) lo podría haber firmado tanto Zapatero como Narbona. Y encima todos aquellos que aplaudían los anuncios de Rajoy hace una década estaban sentados en el desayuno de IFA donde la ministra por primera vez en seis años anunció a los regantes alicantinos su cambio de planes y la asunción de los proyectos de sus antecesores en el gobierno. Así de fácil. Contrariamente a lo que se podía esperar, no ha habido protestas, nadie ha denunciado, salvo el presidente de ASAJA, Eladio Aniorte, y eso le honra, el cambio de actitud.
¿Por qué los que decían digo dicen diego y por qué se ha perdido inútilmente una década en enfrentamientos entre los actores de la cuenca cedente y los de la zona receptora? En todo caso, se echa de menos una explicación de la ministra sobre que lo que se ha rechazado durante los últimos diez años no tiene razón de ser y que es mejor guardar las protestas y acceder a lo que siempre se ha rechazado. Ojalá exista una razón científica imponderable o económica, ojalá se demuestre que todas las protestas, los enfrentamientos de los agricultores alicantinos, no tenían razón de ser, ojalá valga la pena este cambio de postura, tan poco entendible por parte del Gobierno como tampoco fácil de comprender la falta de movilización de los engañados a lo largo de tantos años.
Comentar