Recordemos que la Década del Envejecimiento Saludable (2020-2030), promovida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) compromete a los Estados miembros a incluir en sus políticas el derecho a un envejecimiento saludable: que las personas mayores puedan vivir más años de forma saludable, beneficiándose como el resto de las personas de las mejoras de las condiciones de vida esperables. ¿Por qué insiste la OMS en la adopción de políticas públicas pro-envejecimiento saludable? Porque reconoce la existencia de discriminación social a causa de la edad y considera imprescindible lograr cambios en nuestra forma de pensar, sentir y actuar ante la edad y el envejecimiento.
Se habla de personas mayores, personas muy mayores, personas centenarias… y se sigue utilizando, aunque ya hace mucho tiempo que quedó muy obsoleto, el término “tercera edad” (ni siquiera se dice “personas de la tercera edad”) para referirse a todas las personas adultas mayores. Hay una violencia estructural sobre las personas mayores negando nuestro valioso rol social, con estereotipos que obvian los derechos de ciudadanía. Las mujeres y hombres mayores no nos hemos jubilado de nuestros derechos fundamentales y tenemos el derecho y el deber de participar en la vida social y en las políticas públicas que nos atañen.
No somos un grupo social homogéneo como si todas las personas por cumplir unos años, establecidos arbitrariamente como norma, fuésemos clones. Hay diversidad de edades con diversidad de situaciones y condiciones de vida, con mayor o menor autonomía funcional, pero con el mismo derecho a decidir sobre nuestro propio plan de vida que otras personas no mayores. Podemos ser considerados un grupo social, pero reconociendo la diversidad que lo conforma, somos mayores, pero también: mujeres, hombres, con otras identidades sexuales, con diferentes edades, con/sin discapacidades (previas o adquiridas durante el envejecimiento), con diferentes contextos vitales debidos a situación socioeconómica, nivel educativo, no tener hogar, inmigración, asilo/refugio, creencias religiosas, pertenencia a una minoría cultural y otros factores determinantes de los procesos vitales. Entonces, no podemos hablar de envejecimiento activo y saludable como un rodillo, ignorando las muy diversas situaciones individuales posibles que quedan invisibilizadas cuando hablamos de forma genérica de envejecimiento y personas mayores.
Esta discriminación social por razón de edad no es un escudo que proteja a la persona mayor de otros factores de discriminación, como es el caso de la discapacidad intelectual, y hablamos de doble discriminación, persona mayor con discapacidad intelectual, que se convierte en múltiple discriminación cuando interactúan otros de los factores citados que no son excluyentes e interactúan entre sí. Por ejemplo, una persona mayor y con discapacidad intelectual puede ser discriminada, además, por ser mujer, orientación sexual, no tener o tener bajos ingresos, ser inmigrante, ser asilada o refugiada, ser gitana, no tener hogar, tener una enfermedad mental…
Hoy proponemos reflexionar sobre las personas mayores con discapacidad intelectual porque su invisibilidad está ocultando que no pueden ejercer derechos fundamentales legalmente reconocidos y resulta socialmente injusto. Son personas socialmente maltratadas por una violencia estructural porque no pueden beneficiarse, como el resto de las personas mayores sin discapacidad intelectual, de las mejoras de las condiciones de vida en todos los ámbitos. Son invisibles porque su proceso de envejecimiento no se ha tenido en cuenta como un derecho y, en consecuencia, se les han prestado escasos cuidados de salud con la creencia de que su esperanza de vida era irremediablemente más corta. En el caso de las personas con Síndrome de Down, hay un envejecimiento prematuro y riesgo de Alzheimer, sin embargo, tener una discapacidad intelectual no impide un envejecimiento activo y saludable si el contexto es favorable y se adaptan los apoyos necesarios incluso en las personas con mayores necesidades de apoyo.
Las personas con discapacidad intelectual también tienen derecho a un envejecimiento saludable, a vivir más años una vida que cumpla sus deseos, sus proyectos vitales, con las mismas oportunidades que las demás personas sin discapacidad intelectual. Para ello es necesario conocer sus necesidades específicas, sus puntos de vista, así como los de sus familias y los de las organizaciones que defienden sus derechos, como la Confederación Plena Inclusión. Partiendo del reconocimiento de sus derechos fundamentales, la clave es reconocer el rol central de cada persona y su derecho a la autodeterminación prestando los apoyos personalizados necesarios para que pueda realizar elecciones en su plan de vida.
Para continuar reflexionando, podemos recordar de nuevo la Década del Envejecimiento Saludable de la OMS, para poder aplicar su objetivo a las situaciones específicas de las personas con discapacidad intelectual. La OMS promueve optimizar la capacidad funcional de las personas mayores que consiste en: 1) satisfacer sus necesidades básicas para asegurarse un nivel de vida adecuado; 2) aprender, crecer y tomar decisiones; 3) tener movilidad; 4) establecer y mantener relaciones; y 5) contribuir a la sociedad. Y nos destaca la interrelación entre la persona y el entorno en el que vive y se desarrolla: el hogar, la comunidad y la sociedad en general, y se relacionan con los productos, el equipamiento y la tecnología que facilitan las capacidades y habilidades de las personas mayores; el entorno natural o construido; el apoyo emocional, la asistencia y las relaciones proporcionadas por otras personas y animales; las actitudes, ya que éstas influyen en el comportamiento, tanto negativa como positivamente; y los servicios, sistemas y políticas que pueden contribuir (o no) a mejorar el funcionamiento a edades avanzadas.
También nos ayuda a reflexionar la adhesión de España a la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas (2006) que obliga a su reconocimiento en las políticas públicas, reconociendo que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. Aunque se ha avanzado en España con las políticas en cumplimiento de la Convención, en la práctica, se permite la pervivencia de barreras de todo tipo. Por ejemplo, el Art. 19, Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad, es un derecho sin reconocer por el que están luchando las propias personas con discapacidad intelectual, sus familias y las entidades que defienden sus derechos. La pandemia COVID-19 ha puesto de manifiesto la realidad de la institucionalización de muchas personas con trágicas consecuencias.
Las personas mayores reivindican políticas que promuevan vivir en casa y lo mismo sucede en el caso de las personas con discapacidad intelectual. Desean vivir en casa, en un entorno comunitario inclusivo que reconozca sus derechos de ciudadanía, genere oportunidades de participación social y les haga sentirse valoradas por sus contribuciones a la comunidad.
Como dice la OMS, hay que cambiar nuestra forma de pensar, sentir y actuar ante el envejecimiento lo que incluye reconocer los derechos fundamentales de las personas mayores con discapacidad intelectual y garantizar que se puedan ejercer plenamente.
Masun Martínez-Román
Miembro de la Asociación Gerontológica del Mediterráneo
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