Hay palabras hermosas, expresiones que nos reconfortan con lo mejor de cada uno de nosotros, palabras que su sola pronunciación ya nos hace creer y confiar. Algunas de ellas —armonía, por ejemplo— están detrás de grandes obras musicales y de arte; otras —paz, fraternidad, hermandad…— son la antesala de algunas de las mejores páginas de la historia; y otras como amistad, compañerismo o cordialidad, nos transportan a un marco de ayuda, solidaridad y colaboración mutua.
El nombre que ponemos a las cosas que hacemos, a los acuerdos que alcanzamos, a las leyes que creamos incluso, no es, no debería ser nunca casual ni inocente. A veces sucede que es más importante que las propias cosas, que las propias leyes. Cuando hablamos de paz, de un tratado de paz, es porque las partes en conflicto alcanzan el acuerdo de no seguir resolviendo sus diferencias a puñetazos, a cañonazos. Cómo le llamemos a eso importa mucho.
Pero, eso sí, bien que sabemos que para llegar hasta ahí —a la paz y al entendimiento— casi siempre se requiere la participación de los que antes andaban enfrentados. Si hay paz es porque antes hubo guerra, eso es seguro. Así, hay guerras que terminan con la firma de un tratado de paz, como hay otros tiempos mal llamados de paz que son solo la prolongación del periodo de conflicto y pelea. Eso también lo sabemos.
Por traerlo al presente, se podrá estar de acuerdo o no en las dos leyes de memoria que tan tardíamente impulsó el PSOE cuando ha gobernado para tratar de reparar el daño causado a las víctimas de la dictadura. Hablamos de la primera Ley de Memoria Histórica con José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno, también de la segunda, la Ley de Memoria Democrática, con Pedro Sánchez ya en La Moncloa. Se podrá, incluso, discrepar feroz y democráticamente de su contenido, de sus objetivos, pero lo que difícilmente se podrá argumentar es que el nombre de ambas leyes no responda a la realidad que pretende reparar.
Son, ambas, leyes de memoria porque justo pretenden traer a la memoria lo que estaba oculto, orillado, sumergido, todo aquello que un régimen cruel condenó al silencio. Ambas normas intentan reparar el dolor de todas aquellas víctimas cuyos restos anónimos siguen esparcidos en cunetas y fosas comunes, otorgar y facilitar el derecho de sus familiares a enterrarles en paz. Ese, y no otro, era y es su principal cometido. De ahí sus nombres. De ahí la palabra memoria. Quizás no se haya insistido suficiente.
Por eso cuesta tanto entender que las leyes y proyectos de ley que en este mismo terreno impulsa el PP en las comunidades donde ahora gobiernan con Vox —Aragón, Castilla y León, Comunidad Valenciana…— las llamen como las llaman, Leyes de Concordia. Tal proceder, tal nombre, solo puede ser entendido como una provocación más, un intento más de dividir y separar, de orillar, de prolongar el dolor de los familiares de las víctimas y de revictimizarlas. ¿Cómo puede haber concordia en dejar fuera a la mitad de la población, a más de la mitad de las víctimas? ¿Qué paz se construye excluyendo al adversario? ¿Cómo puede haber concordia si esas gran parte de esas mismas víctimas y sus familiares te están diciendo que no se reconocen en esa ley?
Sucede que todas y cada una de las trece palabras antes citadas y sus hermanas —armonía, unión, acuerdo, consenso, avenencia, paz, reciprocidad, compañerismo, cordialidad, amistad, hermandad y fraternidad— son precisamente hijas de esa otra hermosa palabra, la palabra “concordia”. Bastaría echar una ojeada al diccionario para entenderlo. Nacen de ella, de su propio tronco, están en su campo semántico, la acunan, forman parte de su ancho espacio ideológico.
Por ello, utilizar precisamente esa hermosa palabra —concordia— para enmarcar estas nuevas leyes, usar aquí una expresión que nos transporta a lo mejor de nosotros mismos, es no solo un insulto al diccionario, al respeto y al derecho al buen uso y significado de las propias palabras, también una bofetada y un desprecio público a las propias víctimas que siguen sufriendo en silencio y olvido su propio dolor.
Seguramente están —tienen los votos, nada se lo impide— en su derecho de hacer las leyes que consideren, pueden derogar las que estimen oportuno, pero quizás a lo que no tengan derecho es a llamarlas como las llaman, Leyes de Concordia. A eso quizás sí que no tengan derecho. Por respeto a sí mismos, a quienes tendrían que ir dirigidos sus actos y, sobre todo, al significado más hermoso que encierran las propias palabras.
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