Tras la pandemia, o al menos cuando sus efectos empiecen ya claramente a disminuir, urge una reforma en profundidad de nuestras estructuras económicas. Y la tarea hemos de ir preparándola ya.
En anteriores trabajos, hice ver la necesidad de reformas estructurales en sanidad, educación, cultura, ciencia… Pero uno de los pilares de nuestro sistema es sin duda la economía.
Uno de los primeros estudiosos del sistema económico ha sido sin duda Keynes. Para Keynes, el consumo es el motor de la economía. Debe ser el gobierno un participante activo en la economía del país, estabilizando el consumo a través del gasto público.
El ingreso total de la economía es la sumatoria de la inversión (depende de la iniciativa privada) y del consumo (depende de los consumidores y del gobierno). Por eso, en esa reforma económica imprescindible y en la legislación al respecto (una ley orgánica, del mayor rango, de Economía) se ha de tener en cuenta una serie de medidas para fomentar el consumo.
Un gran pacto de los partidos constitucionalistas es absolutamente necesario, con socialistas, populares y el apoyo de Ciudadanos. Se ha de dejar fuera de una vez el pesado lastre de los comunistas y de los independentistas (estos últimos, que nada quieren a España).
Para fomentar el consumo, punto clave, se ha de considerar que el impuesto sobre la renta -el IRPF- no ha de ser objeto de una subida. Esto afectaría gravemente a las clases económicamente débiles y a las clases medias. Se disminuiría su poder adquisitivo y el consumo con las consecuencias fácilmente predecibles que podemos imaginar. Hay otras vías y otros impuestos sobre los que se puede trabajar, como luego veremos, con grandes resultados.
El Gobierno necesita un importante acopio de dinero para el desarrollo del país, pero hay muy diversas clases de impuestos. Están los indirectos (IVA, especiales, sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, rentas de aduanas…). Pueden jugar un gran papel, siendo moderados y equilibrados en su aplicación. Y los directos, como el IRPF -antes mencionado-, sobre la renta de no residentes, de sociedades, sobre donaciones y sucesiones, sobre el patrimonio… Esto permite unas estrategias importantes y equilibradas, sin crear grandes disfunciones.
No olvidemos que además de los impuestos estatales, están los de las comunidades autónomas o haciendas locales de cada comunidad.
Es absolutamente necesario crear un Fondo de Recuperación, en el que se vayan concentrando capitales y masas dinerarias para afrontar lo que se nos viene encima. Y como un gran río que precisa de sus afluentes, en este fondo decisivo pueden ir entrando muy diversas aportaciones.
Otro elemento clave en la reforma económica es la austeridad. Cada autonomía genera una sangría enorme, con sus instituciones, parlamentarios, asesores, defensores del pueblo… Hay que ir reduciendo gasto. Austeridad.
Las competencias de las autonomías han de limitarse. Hacienda, Sanidad y Educación tienen que ser competencias del Estado central. Hay otros muchos campos en que las autonomías pueden ir desarrollando competencias, pero los antes mencionados no se pueden delegar.
La deuda pública del Estado, la deuda soberana, es de las mayores del mundo, y estas descorazonadoras cifras han de ir empezando a ser controladas y a disminuirlas pues si no, podemos ir al caos. Con la ayuda del Banco de España, del Banco Central Europeo y del Fondo Monetario Internacional, si hay voluntad y acierto, se puede ir logrando un avance o una mejora.
Esto supone una reconducción -que implica algunas reformas parciales de nuestra Constitución- y austeridad en numerosos aspectos (rebaja de sueldos de altos cargos, venta de edificios sin utilizar, no dilapidación en el aprovechamiento de los recursos…).
En estos necesarios nuevos pactos de la Moncloa -o equivalentes- se ha de considerar la panoplia de variables antes mencionadas.
Ni que decir tiene que el aprovechamiento máximo de los recursos nacionales (agricultura, industria, pesca, servicios -entre ellos el turismo-…) es imprescindible. Y el fomento de la investigación, que permite crear patentes que son riqueza para España. Todo ello en conexión con la Unión Europea, armonizando con ella la adaptación de nuestro sistema económico, pero sin menoscabo de nuestros recursos propios. Tarea de los negociadores españoles en Europa. Y las relaciones con las grandes potencias, como China, Japón, Estados Unidos… no son incompatibles con nuestra integración en Europa.
Un Consejo de sabios que asesoren al Gobierno ha de ser creado. Las decisiones económicas, aun dentro del marco político, han de ser científicas. En los departamentos universitarios, en la Real Sociedad de Ciencias Económicas y Financieras, en los Colegios de Economistas y otras instituciones del mayor rigor científico, podemos encontrar cabezas pensantes que ayuden a enderezar nuestra maltrecha economía. Una tarea clave de este Consejo sería el estudio y la estrategia para combatir el paro galopante. Series históricas, análisis de cohortes, algoritmos matemáticos…, pueden ir en este sentido. El paro es uno de nuestros grandes problemas.
Dentro de esta macro-ley económica, se integrarían la reforma financiera, la de los impuestos, la regulación del comercio exterior y el interior y otros muchos factores. Habría unos criterios esenciales para la elaboración de los Presupuestos del Estado, en que la sanidad, la educación y la investigación tengan más peso específico. Serían corolarios de ese gran teorema que es la ley orgánica de Economía.
En suma, se trata de aprovechar al máximo nuestras posibilidades, con sentido realista y de Estado, con honestidad plena, recuperación de la marca España y de nuestro prestigio en el exterior.
Todo ello, ha de ir preparándose ya, en plena pandemia, para ver frutos sazonados una vez que las aguas vuelvan a su cauce.
Esperemos que sea así.
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