Leyes para después de la pandemia

Es evidente que la crisis del coronavirus afecta gravemente a los países del mundo, en diversos campos. Tras la pandemia, nada será igual y se esperan hondas transformaciones. Se está produciendo toda una convulsión.

Centrémonos en nuestro país. El coronavirus ha revelado muchas deficiencias en nuestras estructuras. Especialmente en la sanidad, la economía, la cultura y la educación, y no olvidemos la ciencia y la investigación.

La Constitución del 78, que lleva ya nada más y nada menos que cuarenta y dos años de vigencia, necesita adaptaciones. Creemos que debe permanecer en lo sustantivo, pero ello no implica el que haya que revisar aspectos concretos que, con el paso del tiempo, precisan de correcciones.

Es necesario que, tras la pandemia, se elaboren unas leyes orgánicas, es decir, del más alto rango, en sanidad, economía, educación y ciencia. Vamos a considerar, en una primera aproximación, el aspecto sanitario, sin duda el más urgente de todos.

Siempre se ha dicho que el sistema sanitario español es de los mejores del mundo. Y cabe preguntar: si siendo de los mejores, se ha producido este ”estallido” en número de contagios y de fallecidos, ¿qué habría pasado si no fuera de los mejores?

Y es que nuestro sistema sanitario “era” de los mejores del mundo si la situación sanitaria fuera “normal”. Pero una epidemia de estas dimensiones, una pandemia universal, requiere para ser afrontada de unas infraestructuras acordes con el nuevo reto. Nuestros centros sanitarios se vieron desbordados en urgencias y ucis. Esto nos lleva a reflexionar que los hospitales han de tener unas instalaciones, unos medios técnicos y unos recursos que permitan abordar en condiciones adecuadas los grandes desafíos que se avecinan.

Otros temas a tratar en la necesaria ley orgánica de sanidad son crear un fondo de recursos existentes (PCR, mascarillas, plantillas de voluntarios y de rastreadores…) y regular las residencias de ancianos. Ni que decir tiene, con la dotación de personal en los diversos campos, más que suficiente, puesto que toda ayuda en este sector es poca.

Las residencias de ancianos han de constituir sin duda uno de los recursos principales de nuestro sistema sanitario. Allí van nuestros abuelos, los más débiles, con más riesgo, y para que tengan una calidad de vida, aparte del afecto y el cariño del personal que les atiende, es necesario un personal sanitario especializado (al menos un médico responsable y dotación de enfermeros o enfermeras y celadores). Las residencias de ancianos han de integrarse adecuadamente en el sistema nacional de salud.

No se puede prescindir de la red privada. Los centros hospitalarios públicos y privados, se han de dar la mano, en la necesaria equidad. Según las doctrinas keynesianas, se afirma que lo público y lo privado han de coexistir. Y esto se ha de extender a la sanidad. Un sistema socialcomunista nos llevaría al más rotundo de los fracasos. Centros públicos, sí, pero con el apoyo imprescindible de los privados.

Y no olvidemos a la UME (Unidad Militar de Emergencias). Ante una emergencia esta unidad militar, que tan buen resultado ha dado en la primera oleada, debe de algún modo tener un enlace con los sistemas generales del Estado. Y la sanidad militar, tan bien preparada.

En la primera oleada se ha olvidado a los científicos, y se ha actuado “políticamente”. Un muestrario (de mentiras “piadosas”): se decía que no eran necesarias las mascarillas, cuando era porque no había suficientes; se restó importancia a los primeros brotes, permitiéndose concentraciones, algunas de ellas manifestaciones por intereses espurios, y así seguiríamos. Un portavoz político y no científico que miente más que habla. Se debían haber dejado las riendas a expertos científicos independientes que hubieran abordado la situación desde sus orígenes. No ha de anteponerse la política a la ciencia, en este caso. Esto no se debe repetir, ante lo que se nos avecina. Como sucedía en la “República” de Platón, los científicos han de ser los que dirijan en estos casos las operaciones.

En situaciones de emergencia, y esto lo debe contemplar la nueva ley, el Estado no puede delegar su responsabilidad en las comunidades autónomas o en los ayuntamientos. Centralizada en el ministerio de Sanidad, la acción se transmite a las comunidades y ayuntamientos, pero con directrices claras y unificadoras. Este baile de cifras vergonzoso es por falta de coordinación.

Esta panoplia de puntos ha de abordarse, como decimos, en la nueva legislación, que suponga las mejores garantías para nosotros, y que nos devuelva la confianza, ahora perdida, en las instituciones. Que se prevean los brotes y que se atienda a las recomendaciones de la OMS (Organización Mundial de la Salud), a las que apenas si se les hace caso. El Estado ha de ser fuerte, con interconexión eficaz entre el conjunto de los elementos coadyuvantes. Científicos, políticos, sindicatos, empresarios, fuerzas vivas… todos han de estar unidos bajo la dirección central estatal.

¡Tan necesaria es esta ley orgánica de salud! No se puede esperar a cuando termine esta primera serie de oleadas. Hay que empezar ya los estudios y anteproyectos, y para ello se requiere de todos. Por el bien de España.