Ley de Libertad lingüística para un nuevo curso, ¿un éxito?

Estrenamos curso con la nueva ley que deroga la fanática norma de plurilingüismo (4/2018) del socialista Ximo Puig, actualmente de embajador en la OCDE, a cargo del contribuyente que siempre paga los destinos dorados de los políticos cuando fracasan o se les pasa la hora. Y eso es una buena noticia. Que haya una nueva ley, no la embajada de consolación. Una buena noticia, pero no tanto.

No es tan buena, porque la han redactado de espaldas a la mayoría de las organizaciones en defensa de la libertad educativa. Tras haberse servido en su ascenso del trabajo de estas organizaciones, marginadas por los gobiernos separatistas del Botànic, se limitaron a presentar un texto, solo en valenciano, al que apenas fue posible introducir cambios o mejoras. Son lentejas. No nos dieron presencia, como reclama Cayetana Álvarez de Toledo.

No es tan buena porque mantiene (suavizado) el requisito lingüístico que margina a los habitantes de las zonas donde no se habla valenciano, que cuentan con mayores dificultades en la obtención del título, y también a los profesores. Los gobiernos de comunidades con más de una lengua, con la capacitación lingüística obligatoria, establecen aranceles a los del resto de comunidades, haciendo que el derecho al trabajo de muchos españoles se vea limitado y discriminado por razones de lengua. Los funcionarios docentes tenemos habilitación estatal y hemos dejado que el espíritu de taifas del separatismo identitario (seguido perrunamente por PP y PSOE) nos vete el paso en más de un tercio del territorio nacional. Para que se entienda, un profesor es funcionario del Estado, de todo el Estado, pero no puede trabajar en algunas comunidades autónomas si no cubre el peaje idiomático.

No es tan buena porque los valencianos tenemos que seguir aprendiendo una lengua políticamente catalanizada. Nos han colonizado. El PP no corrige el error de su cesión al cleptómano Pujol, quien condicionó el primer gobierno de Aznar a la creación de la Academia Valenciana de la Lengua que, ahora única autoridad lingüística, impone como criterio “científico” que el valenciano es una degradación meridional del catalán. Es muy triste cómo hemos asimilado que el valenciano es un derivado panocho del catalán, cuando tuvo su siglo de oro 400 años antes de que surgiera la Renaixença, cuyos promotores, como recuerda Josep Pla, admitían que era para contenidos de índole poético, pero que seguían usando el español para los asuntos serios. Es un desprecio a figuras como Ausiàs March, sor Isabel de Villena o Joanot Martorell y a obras como Tirant lo Blanc, considerado el mejor libro del mundo por Cervantes. Como recuerdan muchas autoridades, el valenciano no es un fenómeno medieval que surgiera espontáneamente tras Jaime I. Y el mallorquín tampoco.

No es tan buena porque sigue fundamentándose en ese disparate, repetido en todos los estatutos de comunidades con hablas oficiales, de designar el valenciano como lengua propia y dejando para el español, que es la lengua materna de más del 70 % de los valencianos, la triste condición de “oficial”. ¿Si la gran mayoría de valencianos tenemos el español como lengua materna, por qué la lengua propia, la que nos es constitutiva, es sólo la valenciana? Pues porque hemos caído en el mantra nacionalista, hemos aceptado su terminología perversa y manipuladora que otorga un componente afectivo a las lenguas regionales y otro contingente, postizo o impuesto al español. Que ni siquiera lo es de España, sino del Estado, otra estructura artificial y coactiva, como se refleja en la Constitución. Y nunca español, siempre castellano, que se note de dónde viene la invasión.

No es tan buena porque sigue siendo un sistema de plurilingüismo, claramente segregador. Se utilizan asignaturas comunes para mejorar el aprendizaje de un idioma, sea inglés o valenciano, método claramente inconveniente para una gran parte de los alumnos y particularmente para los que tienen problemas de aprendizaje.

No es tan buena porque limita doblemente la libertad de elección de los padres y alumnos. Consagra el modelo de conjunción lingüística que obliga a estudiar unos porcentajes mínimos en lengua no materna y, también, porque deja rehenes de los consejos escolares la decisión personal de las familias.

Y no es tan buena porque sigue hablando de territorios de predominio lingüístico. Los territorios no hablan, lo hacen las personas, al menos eso decían VOX y PP antes. Y establece dos tipos de ciudadanos dentro de la Comunidad Valenciana, arbitrariamente separados, con derechos y obligaciones distintas. Yo en Orihuela tengo unos derechos, pero si me traslado a la cercana Elche, tendré otros. Como la Ley del sólo sí es sí rompe el principio de igualdad. Sigo aferrándome a las palabras de Félix Ovejero: «En España se estudia en español… y el que quiera estudiar en valenciano, gallego, vasco o catalán que lo haga, en las respectivas comunidades, claro». Libertad de elección, siempre libertad, por mucha urticaria que les produzca a los nacionalistas y colectivistas de toda condición.