La pasada fue una semana judicialmente extraña. De esas para olvidar. O para recordar, según se mire. De las que empujan a descreer. De las que hacen que a los ciudadanos les cueste confiar que la justicia es ese último recurso en el que poder ampararse cuando otros que debían hacerlo ya han desistido.
Las estrambóticas y extrañas (¿podemos llamarlas así?) resoluciones judiciales sobre la trama de corrupción político-empresarial en el Ayuntamiento de Orihuela que dio origen al llamado caso Brugal, la judicialización de las manifestaciones feministas del 8M con su archivo correspondiente y el cerrojazo judicial a la venta de pisos sociales del Ayuntamiento de Madrid a un fondo buitre en tiempos de Ana Botella como alcaldesa de la ciudad, están en esa línea.
Es cierto que en algunas ocasiones los tribunales de justicia han resultado ser ese rincón donde los ciudadanos atropellados por empresarios y entidades financieras sin escrúpulos ávidos de dinero fácil y las administraciones cómplices, han encontrado algo de amparo y comprensión. No ha sucedido así ahora y bien que las cuestiones a debate lo merecían.
Por separado pueden parecer solo casos aislados de desafortunada coincidencia, meras casualidades, pero juntas todas estas decisiones judiciales y en tan corto espacio de tiempo apuntan claramente en otra dirección: la pervivencia de unos tribunales y un aparato judicial que en parte parece empeñado en seguir anclado en otra época, en no acabar de acompañar al país en su senda democrática. Si la corrupción en sus más diversos ámbitos puede ser ejercida sin miedo a la censura judicial (caso Brugal, caso Botella…), entonces ¿qué esperanza queda? Porque todos y cada uno de estos tres casos podían ser encuadrados de alguna manera bajo el epígrafe de la corrupción, aquel putrefacto espacio donde los límites de lo privado y lo público se entremezclan para dar resultados abominables.
Quizás el caso que más ruido mediático ha tenido haya sido la decisión de la juez Carmen Rodríguez-Medel de archivar la causa abierta en un juzgado de Madrid contra el delegado del gobierno por no haber prohibido las protestas del 8M en la Comunidad. Poco más cabe decir que no se haya dicho o escrito sobre el tema. Una juez con ganas de ocupar foco y unas pruebas periciales que dejan en muy mal lugar a la Guardia Civil y a un forense especializado en psicología que, en un malabar ejercicio de cinismo profesional, no tuvo reparo alguno en convertir meras opiniones personales en ciencia epidemiológica, han dejado la estela de un reguero de incompetencias e incredulidades difíciles de superar. ¿Sonrojo y un intento de utilización de los tribunales e instituciones públicas al servicio de intereses ideológicos más propio de otros regímenes políticos? Ahí queda la pregunta.
Hay otros dos portazos a la decencia, otras dos sentencias que ahondan en el desprestigio de la justicia y que han echado paladas de tierra a toda esperanza. Hablamos aquí de la corrupción en el Ayuntamiento de Orihuela y la sentencia del caso Brugal. Tras casi 15 años de investigación la Audiencia Provincial de Elche ha optado, en una decisión que cabría calificar como mínimo de insólita, por enterrar con toneladas de basura judicial un asunto ya putrefacto desde sus orígenes. Resulta ahora que sus 34 acusados han resultado absueltos por la invalidación de la principal prueba acusatoria, unas escuchas declaradas ¡ahora! ilegales y que han permitido que asistamos a escenas sonrojantes que hablan mal, muy mal, de la capacidad de hacer bien su trabajo de los propios jueces, fiscales y policías que han llevado el caso, aunque, ciertamente, la responsabilidad no sea solo suya.
Pero sí sonrojante ha sido la absolución de estos 34 imputados –con dos exacaldes oriolanos, José Manuel Medina y Mónica Lorente, y el empresario de las basuras Ángel Fenoll, a la cabeza–, quizás más grave aún, aunque con mucho menos ruido mediático, ha sido la sentencia del Tribunal Supremo sobre la venta de 1860 viviendas sociales del Ayuntamiento de Madrid a un fondo buitre aprovechando el shock de la gran crisis de 2008. Y lo es principalmente por las gravísimas repercusiones sociales y familiares para los afectados, los inquilinos de las casas, ya que en la práctica se viene a exonerar de responsabilidad alguna a la entonces alcaldesa de Madrid, Ana Botella, y a su equipo de gobierno del PP. Con esta decisión del alto tribunal prácticamente se cierra toda puerta a la esperanza para estos cientos de familias que aún guardaban el resquicio de que, al menos, alguien fuese amonestado por una decisión tan indecente e inmoral, por calificarla de forma suave, como vender pisos sociales a un fondo buitre y que en buena lid no debería nunca tener amparo legal por una cuestión de derechos y justicia social.
Como resultado de la operativa, y como los hechos han demostrado, se han acabado atropellando los derechos de cientos de estas familias que han debido abandonar sus hogares al ponerlas en las garras de empresarios sin escrúpulos para los que solo rige el principio del máximo beneficio y el mínimo riesgo. ¿Cómo se puede lavar las manos la administración de justicia en una operación mercantil de este cariz? ¿Podríamos hablar aquí de extrañas connivencias entre quienes venden vivienda social con inquilinos dentro –Ana Botella y su gobierno– y quien compró dichas viviendas a precio incluso por debajo de mercado, el fondo buitre cuyo nombre en castellano sería “piedra negra” (Blackstone) y que ya es toda una declaración de intenciones? Son éstas, preguntas y extremos que quedan pendiente de futuras investigaciones periodísticas… si es que hay alguien dispuesto a meterse en ese charco porque la indecencia y la falta de empatía con los más débiles debería tener límites.
Son, ya decimos, tres casos, tres decisiones judiciales, que vienen a mostrar que no solo sería suficiente que existan leyes, incluso buenas leyes, para que se pueda hacer justicia. Ya lo dijo a principios del S. XX el conde de Romanones: “Hagan ustedes las leyes, y dejenme a mí los reglamentos”. Aquí, los reglamentos son la dotación de medios y la modernización del anquilosado aparato de la administración de Justicia que sigue siendo, cuarenta años después, el gran pozo negro de la democracia de este país, capaz incluso de parir monstruos como los tres casos señalados en este artículo. Y todo en apenas cinco días.
El largo brazo del PP sigue meciendo la cuna de la justicia a traves de algunos jueces
Así es Cecilio Nieto… se van de una parte de los resortes del poder, pero siguen ahí incrustados en otros muchos, apegados, como si les perteneciesen. No es casual que cuando ellos gobiernan se puedan renovar los órganos judiciales, constitucionales, etc. , pero cuando no lo hacen es casi imposible la renovación de estos órganos que son -o deberían ser- algo natural. Así pasó en el pasado y está sucediendo ahora otra vez.
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