Leyendo a mi admirada Mercedes Gallego el viernes en Información me entero de la condena a una colega de Huelva por haber publicado datos de un sumario que, según ellos —los jueces—, atentaban a la intimidad de la víctima de una violación y posterior asesinato.
He tenido que acudir a lo publicado en internet sobre el caso para enterarme someramente del asunto y he leído que, aunque el juicio y sus pormenores habían tenido eco en alguna televisión y en otros medios a partir de la primicia de la redactora del periódico onubense, ningún otro profesional ha sido denunciado ni juzgado, sólo ella, que además fue despedida por su diario posteriormente.
Parece que, entre los argumentos jurídicos, los togados han sentenciado que las informaciones publicadas “afectaban a la esfera personal de la fallecida y su familia, que causaban un perjuicio sin atender a ningún interés legítimo más que el de ofrecer exclusiva y primicia a costa de la ilegalidad” y, entre ellos, imágenes de la asesinada saliendo de un supermercado con la cesta de la compra.
Parece que el fiscal —por lo que he leído— ha estado de acuerdo con la sentencia (dos años de cárcel, que supongo la acusada no cumplirá, y unos miles de euros de indemnización a la familia). Si, como aseguran algunos partidos, el fiscal general, nombrado por el Gobierno de Sánchez, era una “designación política”, espero que explique al de Huelva el significado de la libertad de expresión, y por extensión de la de información y después, lo cese.
Por cierto, no he encontrado ningún atisbo de que los jueces hayan abierto una investigación sobre el origen de la filtración. No es la primera vez que alguna de las partes que intervienen en los juicios procuran datos a los informadores para ganarse su gratitud y ser tratados en sus medios con mayor realce.
Tampoco he encontrado en las páginas webs del Colegio de Periodistas y de la Asociación de la Prensa de Huelva (allí parece que existen dos asociaciones) ninguna defensa de la colega sentenciada.
Y mucho menos —quizás he ido muy rápido en mi búsqueda— he podido conocer los nombres de los tres jueces que han firmado la singular sentencia. Quizás los informadores temen atentar contra su intimidad si los publican.
La Federación Nacional de Asociaciones de la Prensa salió en defensa de la periodista onubense. Habrá que esperar a que termine todo el proceso judicial para valorar si finalmente se hace justicia a la defensa del secreto profesional. No sólo está en juego la defensa del Periodismo; también el prestigio de la Justicia española. Deben ser dos cosas perfectamente compatibles. Un abrazo.