¿Por qué criticamos con tanta contundencia los gobiernos de coalición entre dos o más fuerzas políticas? ¿Por qué los vapuleamos, cuando la esencia de la democracia es, una vez elegidos nuestros representantes, llegar a acuerdos de mayorías en el Gobierno? ¿Asegura una mejor gestión alguien que no necesita el apoyo de otras fuerzas políticas? Desde la creación de la famosísima democracia ateniense —llamada “democracia de Pericles”— muchos han sido los matices que han intentado criticar las diversas formas de esta manera de entender los gobiernos en la sociedad occidental.
En la mayoría de los países de nuestro entorno se aplica la citada ley D’Hondt —creada por el jurista belga Victor D’Hondt el 1878— que asigna escaños en sistemas de representación proporcional. Así, se asignan los escaños a los partidos políticos en función de los votos recibidos, con un impacto significativo en la composición de los órganos legislativos y en la representación de los diversos partidos políticos.
La ley D’Hondt puede llevar a una sobrerrepresentación de las agrupaciones más grandes y una subrepresentación de las más pequeñas. Todo ello en aras de una pretendida estabilidad gubernamental en sistemas multipartidistas: quien más votos recibe, más escaños tiene para poder formar gobierno. Con todo, no se evita que en algunas ocasiones se requiera de una formación de coaliciones o de acuerdos entre varios partidos para establecer un gobierno estable. Es lícita la pretensión de los dos partidos mayoritarios en nuestra reciente historia democrática de obtener mayorías absolutas, pero en la última década se ha convertido más en un deseo que en una realidad. El crecimiento y desarrollo de nuestra sociedad ha favorecido la aparición de una diversidad de sensibilidades que no siempre se sienten representadas en las fuerzas tradicionales como el Partido Popular (PP), en el ámbito conservador, y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), en el progresista.
Hablar de izquierdas o de derechas, si atendemos a las diversas encuestas de identificación en estos dos grandes bloques, se ha convertido en una falacia. Cierto es que hay un grado de identificación considerable en alguno de los dos grandes bloques, pero el avance del estado democrático que representó la transición de los años setenta y ochenta, ha favorecido la aparición de diversos partidos que matizan esta identificación. Por este motivo, la realidad de nuestros gobiernos municipales, autonómicos o estatales ha reflejado esta nueva situación sociológica: el aporte extraordinario de escaños que ofrece el sistema D´Hondt no impide la necesidad de acuerdos entre partidos para ofrecer la estabilidad necesaria que permita desarrollar sus propuestas.
Tenemos, pues, unas alcaldías, unas presidencias autonómicas o nacionales, fruto de la coalición entre fuerzas diversas que en algunas ocasiones presentan puntos de vista antagónicos. Así, nacen las voces críticas desde los medios de comunicación y desde la ciudadanía: ¿todo acuerdo es válido para retener un poder? Llegamos a demonizar algunos acuerdos que no son propios de nuestra ideología. Pensemos, por ejemplo, en las críticas vertidas en las dos últimas legislaturas sobre el llamado Pacte del Botànic conseguido entre el PSOE-PSPV, Compromís y Podemos desde las fuerzas conservadoras. Estamos de lleno en la configuración de un nuevo acuerdo entre el PP y Vox que desatará, sin duda, las protestas desde el resto de los partidos. Cierto es que algunas de las propuestas de este último —marcadas por el negacionismo de algunos aspectos establecidos por la mayoría, como el de la violencia de género, el rechazo a las propuestas de los movimientos LGTBIQ+ o el cambio climático— han provocado las reticencias a este acuerdo de una parte significativa de la sociedad.
Estamos, por lo tanto, frente a un cambio de ciclo electoral. Las circunstancias sociológicas en que se mueve nuestra ciudadanía son bien distintas. La asunción de un estado del bienestar, con importantes logros a nivel social y de derechos adquiridos, pone en tela de juicio algunas de las propuestas más radicales que pueden verse desarrolladas, a partir de los nuevos acuerdos de gobierno, y que representarían un retroceso en nuestra cotidianeidad. No es momento de criticar los gobiernos de coalición: son perfectamente lícitos, nos guste o no el resultado de los comicios realizados. Tenemos por delante una nueva convocatoria de elecciones generales: ninguna de las encuestas pronostica un gobierno de mayoría para las principales fuerzas políticas. Seamos responsables, votemos con nuestra conciencia, pero pensemos que, a pesar de la ley D’Hondt, tendremos que respetar los acuerdos que nuestros representantes decidan.
No esconderé mis temores al retroceso de libertades y de acuerdos que se puedan cometer, pero confío plenamente en el buen sentir de las mayorías sociales. Somos una sociedad ejemplar en nuestro entorno europeo: los valores de tolerancia y de respeto a nuestro prójimo, sean mayoría o no, tienen que respetar esa herencia que obtuvimos de nuestros ancestros atenienses. Perfilemos los mejores gobiernos que defiendan los intereses de todas y de todos: de lo contrario, atacaremos el talón de Aquiles de nuestra sociedad. Defendamos los valores de tolerancia y de reconocimiento de las necesidades de cada uno de nuestros conciudadanos. Solo así obtendremos gobiernos responsables que reflejen la realidad de nuestro entorno.
Nuestra ley electoral es imperfecta. Supongo que conseguir la perfección es imposible, pero aprender de los países que tienen ‘segunda vuelta’ es algo tan elemental que no alcanzo a comprender cómo no se adopta por nuestros políticos. El espectáculo de que nos co-gobiernen separatistas catalanes, bilduetarras y separatistas vascos y podemitas partidarios del derecho a decidir no es mínimamente aceptable para cualquier sociedad desarrollada. ¿Que es legal? Vale. Por eso digo que hay que cambiar la ley, para que , además de legal sea legítimo, justo. Hay un tramo entre legalidad y legitimidad-justicia. Un saludo cordial.