Furor legislativo o cuando la izquierda coqueteó con los corruptos

Hay un viejo refrán que dice que lo poco gusta y lo mucho cansa, una frase que nos recuerda que aquello que se toma en pequeñas dosis puede ser placentero, paladeado, disfrutado, pero que esa misma sustancia, circunstancia, etc., en cantidades excesivas puede ocasionar empacho e indigestión. Reformar leyes puntualmente, de forma pausada y con razones bien explicadas, guardando los tiempos necesarios para que la sociedad asimile dichos cambios, es obligación de todo buen gobierno, y no solo es deseable, si no que es también justo.

Frente a esa prudencia legislativa, el gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos parece haber entrado en una peligrosa vorágine de cambios legales donde se mezclan iniciativas loables —como el intento de poner fin al espurio secuestro de los órganos constitucionales por parte la derecha política y judicial— con esos otros cambios legislativos exprés de más dudosa necesidad y oportunidad, modificaciones que dejan entrever si para sus ministros y ministras hay corruptos de primera y corruptos de segunda.

En ese escalafón de cambios de dudosa justificación podríamos ubicar las “maniobras quirúrgicas” (Gabriel Rufián dixit) del delito de malversación, que, justo ahora casi nadie entiende, especialmente porque afecta al nudo gordiano de la lucha contra la corrupción política. Si, además, y como sucede también ahora, todo se presenta en un solo frasco mezclado en dosis altas y peligrosas, sin separar sus principios activos, los efectos secundarios pueden ser demoledores, en la línea de lo que ya sucede con la conocida ley del solo sí es sí, una norma plagada de buenos propósitos convertida en un adefesio y una afrenta para las víctimas de delitos sexuales.

Las leyes y la normas en democracia tienen, básicamente, una doble función. Una primera, esencial, su carácter pedagógico y preventivo. Que su mero enunciado lleve al convencimiento de los ciudadanos, al menos de una mayoría de ellos, de que su mero respeto y cumplimiento es el mejor camino para procurar una sociedad mejor, más próspera, más justa. Están ahí como señales del buen camino.

La otra función, la segunda, es muchas veces la que más se resalta, y tiene que ver con su función meramente punitiva. Una vez traspasados los límites previstos en las leyes, ya solo queda la condena, la cárcel, la intervención de los tribunales como intérpretes de esa misma ley. Su mera transgresión sería así la manifestación más clara de su propio fracaso.

El difícil equilibrio entre ambos platillos —el pedagógico y educativo y el meramente punitivo— es seguramente signo y señal de salud democrática. En cambio, cuando la balanza se inclina a una de las partes, es porque posiblemente hay síntomas de gangrena democrática, de tintes autocráticos. No hay una buena ley sin una buena justicia; pero al revés tampoco: no hay justicia justa sin una buena ley.

En la vorágine de leyes recientemente aprobadas por el gobierno de coalición, con la citada polémica del solo sí es sí como metáfora de todo lo indeseable, o las muchas en trámite de aprobación —sedición, malversación, funcionamiento de órganos constitucionales, ley trans…— puede que en alguno de los casos se esté traspasando la línea de lo deseable y aconsejable como lo demostraría el hecho de que sus propios impulsores tienen notorias dificultades para defenderlas en público. El refrán de lo poco y de lo mucho. El empacho y la indigestión.

Todo este barullo legislativo, este furor legislativo si se me permite la expresión, encierra algunas presuntas loables intenciones. Una de ellas y no menor y citada anteriormente puede ser el intento de romper el ya comentado bloqueo y secuestro durante más de cuatro años del Consejo General del Poder Judicial y de varios meses en el caso del TC por parte del PP de Casado y Feijóo y sus jueces satélite.

Sin embargo, hacerlo al mismo tiempo y mezclado todo con otras leyes socialmente mucho más dudosas y discutibles —reforma de la sedición y, especialmente, la malversación— y cuyo único fin es beneficiar e inyectar en vena ibuprofeno a los principales responsables del intento golpista del procés, lo hace todo incomprensible, difícilmente digerible para amplias capas de la sociedad, salvo, claro, para adeptos y forofos. Algo que no se entiende, que por más que se explique no se acaba de ver claro, es que seguramente no es procedente.

Si conceptualmente una ley necesaria como la del solo sí es sí ha acabado siendo un tremendo dolor de muelas para el propio Gobierno, es más que previsible que este potaje legislativo prenavideño, de tan difícil explicación y digestión para una parte de la ciudadanía, acabe en el mismo cesto del dolor de muelas y, no es difícil vaticinar, que a poco que el carro se tuerza será un boomerang de efectos indeseables.

Más allá de las gruesas acusaciones partidarias y de escasafineza a las que asistimos estos días por parte de los líderes políticos —Feijóo: Sánchez es el presidente más autoritario de la democracia—, para que esa fatal circunstancia ocurra solo habrá que esperar un poco de tiempo y ver por qué rendija de ese andamiaje legislativo se cuela y obtiene beneficios penitenciarios el expresidente socialista andaluz José Antonio Griñán, condenado por malversación pero sin lucro personal. Si el argumento del no enriquecimiento personal vale para hacer que más pronto que tarde Oriol Junqueras (y otros) pueda volver a ser candidato a la Generalitat por Esquerra Republicana, por qué razón no le iban a aplicar los jueces a Griñán estos mismos efectos benéficos del ibuprofeno catalán. Nada lo podría impedir.

O, ya de paso, por qué no iban a poder beneficiarse del mismo marco legal de rebajas de pena y excarcelaciones todos los condenados por malversación sin lucro personal de la Púnica, los futuros de la Kitchen, entre ellos el exministro del Interior del PP, Jorge Fernández Díez, o tantos otros políticos corruptos que hicieron un uso indebido del dinero de todos aunque nunca se les pudiese demostrar que fue a parar a sus bolsillos particulares, tal y como con tanto ahínco vienen alertando jueces y fiscales. En este caso los fines nunca deberían justificar los medios.

El día que todo eso ocurra —y previsiblemente no tardará mucho en suceder si alguien no manda antes parar máquinas— ya no habrá campaña que lo pare. La idea de que la izquierda amnistía y ampara a los corruptos será una losa demasiado pesada de mover durante mucho tiempo. Lo del solo sí es sí y la excarcelación de violadores parecerá, entonces sí, una mera broma de mal gusto. Toda una indigestión de buenas intenciones.