Entre el pacto y la guerra civil estaba Venezuela hace año y medio cuando escribí mi primer artículo sobre el tema. La situación ha cambiado a peor con el aumento de la corrupción y los problemas de desabastecimiento de alimentos, medicinas y productos de primera necesidad. Siguen los repetidos intentos de mediación: a mediados de 2017 el enviado del Papa Claudio María Celli intentó acercar a gobierno y oposición. Del mismo modo, el presidente Zapatero; Torrijos, de Panamá; o el dominicano Lionel Fernández intentaron mediar y salieron trasquilados, acusados de izquierdistas por la oposición.
También el Vaticano fue desautorizado por el mismo Henrique Capriles, candidato de la oposición que perdió las elecciones en 2013 frente a Maduro. La situación no ha cambiado: ahora la Unión Europea trata de conformar el llamado Grupo Internacional de Contacto, integrado por ocho países europeos y cuatro latinoamericanos que se reúnen el día 7 en Montevideo. Por su parte, Rusia apoya la Conferencia Internacional en Montevideo, auspiciada por México y Uruguay, que pretende reunir a todas las fuerzas políticas venezolanas y al gobierno de Maduro para que busquen una solución a la crisis política e institucional actual. El Vaticano escaldado manifiesta que no intervendrá si no hay una petición formal de la oposición, aunque Maduro ya se lo haya pedido al papa Francisco.
La política exterior española siempre se ha regido por la doctrina Estrada (1930) del diplomático mexicano que pregonaba la no injerencia en asuntos internos de otros países, y se asienta en el reconocimiento de los estados, nunca de los gobiernos. Pero como decía Groucho: «Estos son mis principios, pero si no valen tengo otros». Ahora, y para Venezuela, nos acogemos a la doctrina de Rómulo Betancourt, presidente de Venezuela en los años 60 que preconiza romper relaciones diplomáticas con gobiernos sin origen democrático y dictatoriales, y se lo aplicó a la España de Franco; sin embargo, no la hacemos extensiva a países como Honduras, El Salvador, Cuba, Arabia Saudí, ni siquiera a Nicaragua, por citar algunos.
El cambio de doctrina diplomática de España, que ha arrastrado prácticamente a todos los países de la Unión Europea, en mi opinión obedece a tratar de mantener una postura intermedia y no tan radical como la que ha puesto en marcha Donald Trump, secundado de inmediato y a pies juntillas por el PP de Pablo Casado o Ciudadanos de Rivera. A pesar de que la política exterior, según dicen, es una cuestión de Estado, suponiendo que hayan existido cuestiones de Estado. La tercera pata de la derecha, VOX, tiene un problema: si a Maduro lo califican de “comunista”, ya se habrán enterado que el “presidente encargado”, Juan Guaidó, es francmasón, grado 13.
Punto de partida y horizonte
Haciendo un poco de historia conviene recordar que, tras la muerte de Chávez en 2013, Maduro ganó con el 50,6% de los votos a Capriles, en unas elecciones impecables que contaron con la presencia de observadores internacionales europeos y de la OEA. En 2015 los partidos de la oposición aliados en la Mesa de Unidad Democrática –MUD-, con un 56,3% de los votos obtuvieron dos tercios de los escaños de la Asamblea Nacional, el legislativo. La MUD la integran cuatro partidos: un Nuevo Tiempo, de Capriles; Voluntad Popular, de Leopoldo López y Juan Guaidó; Acción Democrática, de orientación socialdemócrata y Primero Justicia.
Las manifestaciones contra el presidente electo fueron crecientes, sobre todo de clase media y alta en las zonas urbanas, mientras Nicolás Maduro armaba y organizaba a los somatenes bolivarianos. Al encontrarse en minoría en la Asamblea Nacional, crea una Asamblea Constituyente paralela, que convoca unas presidenciales a medida en las que la oposición no participa. Por su parte, la Asamblea Nacional elige presidente de la misma a Juan Guaidó, y haciendo una lectura abusiva del artículo 233 de la Constitución lo propone como presidente de la República. El artículo 233 prevé la sustitución del Presidente de la República por incapacitación, en un proceso que debería ser supervisado por el Tribunal Supremo de Justicia, que controla Maduro y el presidente electo tendría que convocar elecciones en un plazo de 30 días. De este modo, esta es la situación a la que se ha llegado actualmente, con dos legitimidades y dos presidentes.
La Unión Europea ha impuesto desde 2017 un embargo de armas y de equipo susceptible de uso para represalias internas, así como la congelación de las cuentas de 18 altos cargos. Estados Unidos ha culminado su bloqueo económico con la paralización de las cuentas de la empresa petrolera venezolana PDVSA. Ante la creciente dificultad económica y de abastecimientos, la intervención del Gobierno Bolivariano ha sido cada vez mayor y con unos niveles de incompetencia crecientes. Está quemando las reservas en oro y divisas, es incapaz de resolver los cuellos de botella de abastecimientos y de gestión de recursos y mientras, aumenta la inseguridad. La inflación alcanza el millón por cien y la gestión de los inmensos recursos naturales están en manos de los dos mil generales con los que cuenta su ejército, con una corrupción galopante. Y si es preciso, para garantizarse la lealtad de las fuerzas armadas, seguirá ascendiendo gente al generalato dándoles cargos políticos.
Siendo Venezuela el país con mayores reservas y producción de petróleo, lo envía crudo a Estados Unidos y lo tiene que importar refinado. El bloqueo de la producción venezolana permite reducir la producción de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y que suban los precios de los combustibles, tan necesario para Rusia y aliados de Estados Unidos como Arabia Saudí. Pueden conseguir por fin reducir la producción mundial para que suba el precio del crudo y financiar la guerra en Yemen. Para terminar de arreglarlo, se han descubierto las mayores reservas de coltán, el mineral indispensable para los móviles. Tienen los recursos naturales por maldición.
Si no se llega a un acuerdo en alguna de las mesas, con milicias armadas y un ejército dividido, la guerra civil, la violencia o una dictadura militar es el horizonte más probable para el país. Y a perder los más pobres.
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