El lingüístico, cuarto poder valenciano

En materia de lengua, ya la Constitución española falló clamorosamente, en mi opinión (y en la del constituyente Camilo José Cela, que era académico de la RAE) al imponer como lengua oficial el castellano, una lengua, si no muerta, en total decadencia desde hacía siglos, cuando cedió su papel de transición entre el latín y el español, que es como se conoce en todo el mundo, salvo en España, notoriamente en Cataluña y bastante en la Comunidad Valenciana, a esta lengua en la que escribo.

La Constitución cita en su redactado a algunos organismos ya existentes o por ser creados y por lo tanto les da la condición de organismos constitucionales (Consejo de Estado, Consejo General del Poder Judicial, Defensor del Pueblo, Consejo Económico y Social, etcétera), pero entre éstos no cita en ningún artículo a la Real Academia Española. Por tanto la Real Academia Española puede emitir criterios y normas sobre el uso del español (el castellano), pero no tienen fuerza de ley, pues si las tuvieran nos habríamos ahorrado el barbarismo ‘violencia de género’ y las horrísonas duplicidades “ciudadanos y ciudadanas”, “trabajadores y trabajadoras”, o triplicidades como “todos, todas y todes”.

Pero mira por dónde, en el Estatuto de la Comunidad Valenciana alguien metió con calzador un organismo apenas creado ad hoc para reglamentar el habla y la escritura del valenciano, la Academia Valenciana de la Lengua (AVL), con la pretensión de que sus dictámenes filológicos fueran materia legal, dada su condición de estatutaria.

Así podemos decir que en la Comunidad Valenciana tenemos el privilegio de añadir a los tres poderes tradicionales (ejecutivo, legislativo y judicial) el “poder lingüístico”.

Está extendida la creencia (han ganado el “relato”, como se dice ahora) de que las batallas sobre la lengua valenciana y su uso más acorde con el catalán, o más con el habla consuetudinaria local, las provoca y azuza la derecha, y no digamos la ultraderecha. Yo no soy de esa opinión y no tengo más que referirme a los numerosos ucases de los recientes gobiernos del Botànic sobre cambios de denominaciones, enseñanzas obligatorias, plazas de funcionarios y atención al ciudadano en organismos públicos.

Recientemente se han puesto muy campanudos los de Compromís, PSPV y otros porque al parecer en unos tuits (que no es que un tuit sea el BOE) de un alto cargo, éste ha empleado una ortografía que no se corresponde con la que ordena y manda la AVL, o sobre si Alicante es una ciudad en la que se usa mayoritariamente una lengua u otra, o si el nombre de la ciudad de Valencia se escribe sin acento, con acento abierto o con acento cerrado (Juro que en mis 71 años de vida, algo menos de la mitad de ellos pasados en la Comunidad Valenciana, y siendo mi madre nacida en esta región, jamás había visto el nombre de Valencia con acento alguno en la ‘e’. ¿Quién inició esta bronca? Sin duda, Ribó).

Los nuevos ofendiditos lingüísticos, que exhiben el Estatut como el BOE o las tablas de la Ley de Moisés, pasan por alto en el 9 de octubre el hecho de que su lideresa mundial, Yolanda Díaz, asegure, también vía tuit, que “celebrem la Diada del País Valencià”, cuando la referencia a dicho país es inexistente en el Estatut. Puestos a exigir respeto a las denominaciones oficiales estatutarias y en valenciano, el primero que tiene que cambiar su nombre es el partido que ha gobernado varias veces este territorio, el PSPV, que hace bandera de llamarse del País Valencià y no de la Comunitat Valenciana para negarse a reconocer el nombre oficial del mismísimo territorio.

Así que aquí cualquiera puede decir País Valencià y lo hace en uso de su libérrima ideología y de su libertad de expresión. También puede martirizarnos con el insufrible valencians i valencianes, que dudo mucho que esté aceptado por una docta institución académica como la AVL, cuyos dictámenes, eso se dice, tienen rango de ley; pero si uno dice Castellón, Játiva, Jávea, Calpe, Mogente, Carcagente, Pueblalarga y Fuentelahiguera es un fascista (aunque los pueblos se llamaran así, y no de otra forma, mucho antes de Mussolini), está contraviniendo la ley, tiene que dimitir, no puede pasar consulta en un ambulatorio, queda inhabilitado para dar clases en una escuela y ha de ser apartado de atender a ciutadans i ciutadanes en la ventanilla de un Prop.