Una publicación de la Asociación de Periodistas de la Provincia de Alicante

Al paso

Ilegalizar los partidos independentistas, asunto de actualidad

Quim Torra, elegido 131º presidente de la Generalitat de Cataluña, con los presidentes del Parlamento de Cataluña, Núria de Gispert, Ernest Benach, Joan Rigol y Roger Torrent, y los presidentes de la Generalitat, José Montilla y Artur Mas. Foto: Generalitat de Catalunya
Quim Torra, elegido 131º presidente de la Generalitat de Cataluña, con los presidentes del Parlamento de Cataluña, Núria de Gispert, Ernest Benach, Joan Rigol y Roger Torrent, y los presidentes de la Generalitat, José Montilla y Artur Mas. Foto: Generalitat de Catalunya
Las ideas no se pueden perseguir. ¿Quién podría ser tan bestia como para erigirse en inquisidor intelectual? Sólo se deben perseguir los delitos, pero las ideas no delinquen. Puigdemont puede proclamarse todo lo independentista que quiera y por ello nunca podría ser perseguido penalmente. Puigdemont está huido de la justicia no por sus ideas sino […]

Las ideas no se pueden perseguir. ¿Quién podría ser tan bestia como para erigirse en inquisidor intelectual? Sólo se deben perseguir los delitos, pero las ideas no delinquen. Puigdemont puede proclamarse todo lo independentista que quiera y por ello nunca podría ser perseguido penalmente. Puigdemont está huido de la justicia no por sus ideas sino por sus acciones.

Los actos sí pueden ser perseguidos por la justicia cuando son punibles, cuando se saltan las leyes que la sociedad se ha dado democráticamente. Es muy sencillo: no es lo mismo pensar que hacer. Me atrevería a decir que las ideas no son ni malas ni buenas y no está de más puntualizar que no se puede acusar de segregar idea mala a quien tiene mala idea.

Podría Puigdemont pensar como un nazi (a lo mejor ha pensado ya en escribir un libro, como Hitler o Mao), pero no por ello se tenía que fugar a Bélgica. Si huyó como un cobarde, dejando a sus colaboradores en la cárcel, es porque sabía que proclamar la República Catalana no era una idea sino un golpe de Estado, un delito de sedición como la copa de un pino, ejecutado con pasmosa claridad y absoluta alevosía. Y sus compañeros de aventura (entre ellos su elegido para sucederle al frente de la Generalitat, Quim Torra) y sus amigos de ERC siguen empeñados en lo mismo. ¿Hasta cuándo estos catilinas seguirán abusando de la paciencia del Estado español?

No se puede, no se debe, seguir jugando con unos tramposos que tienen las cartas marcadas anticonstitucionalmente. Los partidos independentistas que tengan la independencia como parte integrante de sus estatutos y de sus objetivos han de ser ilegalizados. Igualmente han de ser eliminados de las contiendas electorales aquellas formaciones políticas que lleven en sus programas el independentismo o el llamado derecho a decidir. No se puede intentar gobernar un país o una región de una nación constitucionalmente una e indivisible con unos propósitos anticonstitucionales.

No es tolerable mantener una situación de permanente aplicación del artículo 155 de la Carta Magna. En Portugal están constitucionalmente prohibidos los partidos regionales. Alemania tolera partidos regionales, como el de Baviera, siempre que entre sus fines no figure “poner en peligro la existencia de la República Federal de Alemania”. La Constitución de Francia es muy clara con los partidos: “se constituirán y ejercerán su actividad libremente dentro del respeto a los principios de la soberanía nacional y de la democracia”.

 
Casi todas las constituciones del mundo coinciden en la defensa absoluta de la unidad nacional y en castigar los iniciativas separatistas o cualesquiera otras anticonstitucionales. Francia da otra lección sobre la unidad invisible de su territorio. El artículo 89 de su Constitución veta la posibilidad de modificar el texto constitucional para permitir una secesión: “Ningún procedimiento de revisión puede ser iniciado o llevado adelante cuando se refiera a la integridad del territorio”. En España sería posible tamaño disparate. Los padres de la actual Constitución no previeron este punto que debería ir a la reforma constitucional junto con la prohibición de partidos independentistas. La Constitución de Portugal copia a la de Francia y dictamina: “Las leyes de reforma constitucional tendrán que respetar la independencia nacional y la unidad del Estado”. ¿Qué piensan de todo esto Rajoy, Sánchez y Rivera? De Pablito (para diferenciarlo de Pablo) Iglesias no digo nada más que una cosa: defender el derecho a decidir de las regiones españolas es anticonstitucional y su partido, Podemos, estaría ilegalizado en Alemania, Portugal, Francia y otros muchos países absolutamente democráticos y comprometidos con su integridad territorial.

Ramón Gómez Carrión

Periodista.

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