En la situación actual la construcción es la actividad que puede frenar y resolver el tremendo problema del paro generado en otros sectores, creando empleo de forma inmediata y muy relevante. Pensemos que la actividad de construcción se produce fundamentalmente al aire libre y, por tanto, de bajo riesgo sanitario y que, además, por poner un ejemplo, un contrato de obra de un millón de euros requiere de 20 a 25 trabajadores entre empleos directos e indirectos.
Pero para activar este sector, en primer lugar, es necesario desbloquear y dar continuidad de forma urgente a todos los procedimientos de licitaciones públicas en fase de tramitación actualmente suspendidos (incluyendo aperturas de plicas, los informes correspondientes, adjudicaciones y firmas de contratos) e iniciar los nuevos procedimientos previstos en los presupuestos planificados por las distintas administraciones. De otra forma, se estará contribuyendo a provocar una paralización de la actividad en el sector de la construcción de entre 2 y 3 meses, retraso totalmente injustificado e innecesario.
Resulta pues imprescindible para generar actividad y empleo a nivel local, permitir a los ayuntamientos y administración local en general, que puedan utilizar el superávit acumulado para realizar inversiones en obras públicas en los municipios. Así mismo, sería también muy necesario que, de forma circunstancial y urgente, se arbitren normas en orden a agilizar la tramitación, reduciendo la excesiva burocracia, para la concesión de licencias de obras de construcciones residenciales e industriales, para generar y desarrollar el suelo necesario en la construcción de viviendas sociales, para la aprobación de sectores urbanísticos de tipo residencial y/o industrial, y para cualquier otro proyecto viable propuesto por la iniciativa privada o por las administraciones.
Y con respecto a las infraestructuras pendientes de ejecución en nuestra provincia y en la Comunidad Valenciana en materia de movilidad viaria y ferroviaria, de agua y de energía, etc., este es el momento ideal de impulsar un plan especial de infraestructuras a nivel nacional y/o autonómico, con proyectos susceptibles de ser financiados por el Banco Central Europeo y por supuesto, contando con la iniciativa privada en colaboración con el sector público para poder acometerlos y desarrollarlos.
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