La toma de decisiones ante catástrofes naturales del alcance de la DANA que ha llenado de muerte y destrucción amplias zonas de la Comunidad Valenciana no debe ser fácil. Eso todo el mundo lo entiende, vaya eso por delante. Existe el riesgo de pasarte de frenada y ser acusado de alarmista —le sucedió al mismo alcalde de Madrid no hace tanto— o ser demasiado timorato y tomar decisiones tardías de consecuencias fatales. Es esto último lo que, ya pasados unos días, parece ha ocurrido en el caso del gobierno de Carlos Mazón.
Entonces, la pregunta es exactamente esta: ¿por qué se tardó tanto en hacer lo que había hacer? Las respuestas pueden ser, lógicamente, muchas, pero uno va a arriesgar una: la alternativa era entre las personas y la economía y, una vez más, se balanceó todo hacia la protección de la economía y el frío cálculo político. Sobre todo porque este modo de proceder del PP no es nada nuevo.
Curiosamente, decíamos, no es esta la primera vez que esto le sucede a gobiernos del PP a la hora de gestionar grandes desastres. Sucedió, por citar solo algunos casos grabados a fuego en la memoria colectiva de este país, en el naufragio del buque petrolero del Prestige en noviembre de 2002 en las costas gallegas y los “hilos de plastilina” del entonces ministro Mariano Rajoy. Parte del desastre medioambiental de aquella tragedia vino porque se actuó tarde y mal, porque no se vio venir ni se calculó bien el riesgo. Sucedió también en el 2003 en el accidente del Yak-42 en Turquía con los 62 militares fallecidos que regresaban de una misión de paz en Afganistán y las prisas por enterrar a los muertos sin identificarlos debidamente del entonces ministro de Defensa, Federico Trillo. Había que echar materialmente tierra al asunto cuanto antes y eso se hizo, echar tierra, con las consecuencias de todos conocidas. Y sucedió, más recientemente, con algunas de las decisiones de la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, oponiéndose al “cierre” decretado por el gobierno central durante la pandemia del Covid. Más de siete mil muertes en las residencias de esa comunidad esperan una respuesta y la respuesta es el desprecio y el silencio más contumaz. Y todo eso sin contar los cientos o miles de muertes por contagios evitables en los transportes públicos porque “Madrid no se cierra” (Ayuso dixit). La economía frente a las personas.
Detrás de cada una de estas decisiones hay un cierto posicionamiento político, con un concreto y cierto tinte ideológico, ese mismo que observamos claramente en la extrema derecha, pero también a veces en el propio PP. Si hay que decidir entre economía y la protección de las personas, casi siempre se decide a favor de la primera. Son decisiones, aunque cueste reconocerlo, suene duro, que esconden casi siempre un poso clasista, producto de un mero cálculo político, fruto de poner a un lado de la balanza esas potenciales víctimas y al otro la “cuestión económica”, lo que podríamos definir como la máquina del dinero.
No creo que en ninguno de los casos citados haya habido un intento premeditado de matar a nadie, y no lo creo sinceramente. Eso sería claramente delictivo, pero si que muchas de esas decisiones son fruto de una escasa empatía con una parte de la clase trabajadora y su destino a la hora de tomar un camino u otro en situaciones extremas como las que hemos vivido. El ejemplo reciente de la DANA escenifica mejor que nada este dilema moral que precede a la toma de las grandes decisiones. ¿Se pudo parar la maquinaria de la economía? Claramente, sí. Pero se apostó a que todo siguiera igual o casi igual y cuando se tomaron las medidas correctas ya era demasiado tarde.
El propio tuit del presidente Mazón a mediodía del miércoles, poco después borrado, donde se vaticinaba que el problema —afortunadamente— se “trasladaba” a la sierra de Cuenca, es una confesión indirecta de reconocimiento de una cierta culpa. De anteponer el deseo a la realidad. Ante el desolador panorama no es difícil concluir —tal y como estos días de luto y dolor lo han expresado centenares de personas en redes sociales y delante de micrófonos— que en el caso de Valencia hubo claramente imprevisión, una cierta dejación de funciones. Seguramente fue por miedo a cerrar, a enfrentarse a los poderes económicos, a parar la maquinaria de la economía, a ser acusados de alarmistas si al final la cosa no era para tanto.
Esa errónea primera decisión cuadra mal, como se ha contado estos días, con la postura particular de muchos organismos públicos de la propia Comunidad Valenciana, incluso en la provincia de Alicante, donde las previsiones eran menos alarmantes. Hubo numerosos ayuntamientos, diputaciones, universidades, etc., que decidieron por libre mandar a sus trabajadores a casa el martes por la tarde o el miércoles por la mañana.
En ese espejo debería medirse Mazón y su gobierno. Si algunos a título personal lo hicieron y acertaron, la pregunta que quizás Mazón debería hacerse para tratar de responder a todo el dolor de todas esas víctimas y sus familiares es diáfana y clara: ¿Por qué no se hizo lo mismo desde la Generalitat al mando de todo el operativo de protección civil en esas horas cruciales? ¿Por qué no se optó por una medida previsora, la famosa alerta temprana que estos días tanto estamos oyendo, y se decidió caminar la senda liberal, dejar que cada uno hiciera lo que considerara más oportuno? ¿Por qué —fin de las preguntas— los trabajadores públicos y privados de la provincia de Valencia tuvieron que esperar justo hasta las 20:12 horas del miércoles para recibir en sus móviles una alerta para no salir de casa?
A esa hora, justo a esa hora, ya había ríos y ramblas desbordadas, carreteras cortadas en las zonas más afectadas, como bien se ha contado. Fue, parece claro, como enviar a los ciudadanos y a los trabajadores a la boca del lobo, a batirse con la posibilidad de morir en carretera, sin medios, sin amparo. Seguramente decenas de las muertes se podrían haber evitado —otras muchas, seguramente no— con solo actuar de forma más conservadora. Pero no se quiso. O no se supo ver. Reconocerlo sería sano para todos. Ayudaría a curar heridas y atravesar estos días de inmenso luto y de inmenso dolor con algo más de serenidad.
A muchos —a mí también— las escenas de estos días nos han recordado en demasía un triste episodio que se vivió en el Congreso de los Diputados justo un 11 de julio del año 2012. Aquella mañana de verano el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunciaba en el Congreso de los Diputados el mayor recorte de prestaciones y derechos para los parados habido en democracia para hacer frente a la crisis derivada de la borrachera financiera y del boom del ladrillo. «Se va a proceder —comenzaba Rajoy su intervención de aquella calurosa mañana veraniega— a una revisión del modelo de prestaciones por desempleo garantizando que estas no generen efectos desincentivadores en la búsqueda de empleo siguiendo el ejemplo de algunos países de la Unión Europea…».
Aquellas primeras palabras del presidente fueron interrumpidas por una lluvia de aplausos desde la bancada del PP, enfervorizados y eufóricos aplausos de claro apoyo a todas aquellas dolorosas medidas para la clase trabajadora. Pero en medio de aquel aquelarre de recortes sin precedentes, una diputada del PP de Castellón, la inefable Andrea Fabra, hija del entonces presidente de la Diputación de esa provincia, Carlos Fabra, quien estaba entonces a las puertas de entrar en la cárcel por corrupción, gritaba a la cara de los parados y a las futuras víctimas de aquellos brutales recortes el histórico: ¡Que se jodan!
Aquel grito quedó ahogado entre los aplausos. Solo una grabación dada a conocer el día siguiente por los propios técnicos del Congreso permitió descubrir el insulto, el exabrupto, el cómo entendían en su intimidad algunos diputados y diputadas del PP la política, cuál era el sentimiento oculto y profundo que muchos de ellos albergaban sobre los parados de este país.
La diputada Andrea Fabra, obligada por los acontecimientos y por el ruido ambiente, acabó pidiendo perdón mediante una fría carta. No sabemos, ni parece esté previsto, que Carlos Mazón vaya a reconocer que sus no decisiones y su silencio durante las horas cruciales de la DANA también pudieron costar vidas. La mayoría, vidas humildes. Prolongar ese mismo silencio, el esperar que escampe, sería como dar pábulo a quienes piensan que hay muertos de primera y muertos de segunda. Y, confirmaría que cuando hay que optar entre la gran economía y los trabajadores, hay una peligrosa tendencia dentro de su propio partido a optar por la primera. Y, también, que aquel grosero y deleznable ¡Que se jodan! no habría sido solo un gesto aislado de una exaltada diputada, sino que obedecería y obedece a algo más profundo incrustado en el alma del propio partido de Carlos Mazón. Ante el dilema, lo primero ¡salvar la economía! Aunque sea la economía de unos pocos.
Tu artículo me parece altamente tendencioso porque no dices nada del Gobierno socialista y de la fuga cobarde del presidente del Ejecutivo en Paiporta, ni de la vergonzosa declaración de Sánchez diciendo que si quieren en Valencia algo de mí que me lo pidan como si Valencia no fuera parte de la nación española que él gobierna, con la obligación moral de poner inmediatamente todos los recursos del Estado para ayudar a las víctimas de una terrible tragedia. Tu ataque furibundo al PP (partido que a mí me cae tan mal como el Sanchismo -que no el PSOE histórico socialdemócrata) más parece obra de un político que de un periodista, profesión que es la que acompaña nuestro nombre. Te lo digo con todo respeto y con un abrazo y con mi admiración por la calidad de tus escritos.