«Excusa non petita, accusatio manifesta»

Siempre me ha llamado la atención este proverbio latino que se atribuye al filósofo romano Séneca: “Excusa non petita, acusatio manifesta”. O sea que, cuando alguien se disculpa o justifica sin que se le haya acusado de nada, revela o sugiere que tiene algo de lo que sentirse culpable. Una acción que políticos cercanos lo han llevado adelante de manera que se anticipaban a posibles acusaciones posteriores.

Uno de los casos más flagrantes fue el de la exalcaldesa de València, Rita Barberá, quien, sin tener todavía acusaciones formales en su contra por temas de corrupción, expuso unas declaraciones en defensa de su integridad y la gestión de su partido en la Comunitat Valenciana. Era el año 2014 y empezaban a surgir rumores sobre la financiación irregular de su partido —el llamado Caso Taula que inició sus investigaciones policiales un par de años después—: Barberá negó cualquier implicación o irregularidad calificando las informaciones como ataques políticos. Al intentar defenderse sin una acusación directa o sin ser el foco inmediato de una investigación, dio la impresión de que tenía algo que ocultar. Una vez más el proverbio de Séneca tomaba fuerza.

Por otra parte, la semana pasada asistimos a la rendición de cuentas de la exrectora Amparo Navarro sobre su gestión en la Universidad de Alicante. Acompañada de su equipo, ofreció unos datos donde todas las áreas de trabajo superaban el 70 % del porcentaje realizado. Así expuso, en una iniciativa que se presentó como innovadora, los logros en diversas partidas que remitían al programa electoral con el que se presentó hace ahora cuatro años y que serán la base de su propuesta para los próximos seis años de mandato, una ampliación de años correspondiente a la aplicación de la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). Con el convencimiento de “no ser triunfalista”, Navarro desglosó unos objetivos establecidos y cumplidos por cada colectivo: Personal Docente e Investigador (PDI, 78,21 %), Personal Técnico de Gestión, Administración y Servicios (PTGAS, 80,40 %) y Estudiantes (88,56 %). Unos datos obtenidos, sin conocerse la metodología aplicada para unas cifras tan exactas que obedecen, sin ninguna duda, al inicio de la precampaña electoral (la campaña oficial propiamente dicha sólo se desarrollará en los seis días lectivos del 19 al 26 de noviembre). Otro elemento que llama la atención es la aplicación de unos porcentajes de decimales sobre objetivos, ya que estos, se cumplen o no de manera completa.

El hecho en sí parece adecuado al balance de la candidata que se presenta a la reelección, pero no deja de ofrecer la reflexión sobre el motivo por el cual se realizó. La valoración final de un mandato, en cualquiera de los órganos electos de nuestra sociedad, radica en la realidad individual de cada ciudadano o ciudadana. En este tiempo, ¿qué cambios he percibido?, ¿en qué he mejorado o en qué he empeorado en mis condiciones personales? Una recepción difícil de cuantificar y que solo es recogida, con las limitaciones que todos conocemos, en las encuestas electorales, y que se recoge en el resultado final de las urnas. Vayamos, pues, al motivo inicial de esta rendición de cuentas. Que un político, sea quien sea y tenga la responsabilidad que tenga, afirme que ha cumplido su programa con el que se presentó a unas elecciones puede parecer obvio. Se presupone en el ejercicio del cargo que obtuvo por el respaldo mayoritario el cumplimiento de sus objetivos en porcentajes elevados. Afirmar que se cumple con hechos concretos es lógico, de lo contrario, no tendría ningún valor su mandato. Del mismo modo, la comunidad universitaria hubiera merecido conocer, en aras a la transparencia, durante estos cuatro años, el resultado de estos datos a medida que se implementaban. La falta de explicación metodológica y la coincidencia con el momento cercano de las elecciones puede sesgar su interpretación.

En el caso concreto que abordamos, si analizamos el balance de acciones con el PDI, se derivan de aplicaciones de la legislación estatal o autonómica en la materia. Una consecuencia lógica de seguimiento de unas normativas que obligan a una estabilización de plantillas y otras realidades. Otras propuestas anteriores para colectivos como el PDI o el PTGAS no se han podido llevar a cabo porque contravenían regulaciones externas o representaban el mero cumplimiento de acuerdos sindicales. Lo llamativo de la iniciativa es que, con gran despliegue de medios, se ha adelantado a posibles críticas por el incumplimiento de promesas que no podían llevarse a cabo o no se ha considerado su desarrollo. La candidata se ha adelantado a posibles comentarios adversos sin haber recibido todavía reclamaciones de quienes le dieron su voto u optaron por otro candidato. Defender una acción de gobierno de manera rotunda y con cierto aire triunfalista puede abrir las sospechas de que “no es todo oro lo que reluce” o que, como apuntaba Séneca en su famoso proverbio, explicar un programa que no ha sido objeto de ataque público puede incrementar la percepción sobre la realidad de estos porcentajes. Sea como sea, es tiempo de reflexión y de debate para que la comunidad universitaria acabe decidiendo quién será la rectora o el rector que presida su institución para los próximos seis años.