El reciente desarrollo de los acontecimientos en torno a la implantación y desarrollo del nuevo grado de Medicina de la Universidad de Alicante (UA) se encuentra en un estado de politización y de judicialización que sorprende, tanto a nivel externo como interno, a quien recibe constantemente noticias o comentarios sobre la materia. Por una parte, se encuentra el recurso que hace dos años presentó la Universidad Miguel Hernández contra la aprobación de este por parte del Govern de la Generalitat Valenciana presidido en aquel momento por Ximo Puig. Por otra parte, la decisión del Govern actual, presidido por Carlos Mazón, de retirarse del proceso judicial en aras de una aparente neutralidad, ha provocado la concreción de un sentimiento de ataque en la UA que ha despertado viejas heridas de cuando en los años 90 otro presidente popular, Eduardo Zaplana, llevó a cabo la creación de la universidad vecina con la segregación en aquel momento de la Facultad de Medicina. La argumentación del Govern en su decisión de allanarse en el asunto viene sustentada por posibles irregularidades, según han indicado desde el momento de su notificación, en la tramitación de la aprobación del grado, especialmente en lo concerniente al visto bueno al uso de centros sanitarios en el desarrollo de las prácticas del alumnado de este grado. Esta es la base del recurso que presentó la UMH en el momento de aprobación del nuevo grado.
Es evidente que la UA defiende el derecho legítimo a tener unos estudios que le fueron privados en su momento y que, con la aprobación del año 2022, podía desarrollar. La falta de acuerdo o de conversación entre todas las partes implicadas, con la novedad del allanamiento del Govern en la demanda presentada, ha tensionado las posturas, donde se frena cualquier posibilidad de acuerdo y el enfrentamiento entre los distintos puntos de vista es completo. De esta manera se polariza la defensa de cada acción y se niega las opciones del contrario, sean las dos universidades, sea el gobierno autonómico o, como vimos en las últimas semanas, el apoyo del gobierno nacional a la legitimidad de la continuidad de estos estudios. Si además añadimos que la UA se encuentra en un proceso de final de mandato y de inicio en las próximas semanas de un proceso electoral, los intereses, pero sobre todo las suspicacias de todas las partes implicadas se incrementan.
De esta manera, se recurre al comentario interno, con altavoces ocasionales de los medios de comunicación, para ensalzar la tramitación del proyecto del nuevo grado, negando cualquier atisbo de autocrítica, construyendo referentes simbólicos de resistencia que enarbolan la bandera de la siempre recurrente autonomía universitaria. Se atisba a quien ofrece otro punto de vista, al que comenta simplemente la situación exigiéndole un posicionamiento rotundo y sin matices: “o conmigo o contra mí”. Se impide el debate o la reflexión sobre el balance de gestión de una institución universitaria que tiene importantes problemas para solucionar de manera inminente con el tema omnipresente de la defensa acérrima de la institución frente al que se considera ataque indecente del gobierno autonómico. Se tilda de seguidores de unos partidos políticos u otros según se defienda rotundamente una postura u otra, creando curiosas o extrañas referencias sobre miembros de la comunidad universitaria que, en absoluto, tienen en ese partido concreto una vinculación ideológica. Se exige que se aparque el debate para ofrecer una imagen sin fisuras, algo así como “todos a una, Fuenteovejuna”, perdiendo la oportunidad de entender que en la diversidad se encuentra la riqueza, que una universidad como la nuestra debe evolucionar desde el respeto a la divergencia y que, sin dudar la defensa compartida del mantenimiento de unos estudios fundamentales en una universidad moderna, se puede debatir y elegir el modelo de gestión que mejor defienda sus intereses y encuentre solución a cada problema que se presente. Se potencia una cortina de humo que esconde las deficiencias de nuestra institución y que malmete en las relaciones humanas en un centro que debería ser el ejemplo del debate, del respeto a la discrepancia y de la asunción de iniciativas colectivas que mejoren nuestro entorno.
Si mantenemos la politización que los poderes externos al campus buscan de una situación que deberá resolverse en los tribunales, si seguimos pendientes del recorrido judicial del desarrollo del campus, perderemos la oportunidad de ofrecer a la ciudadanía la imagen de una universidad líder que encabeza su sociedad y que crece frente a las adversidades. Y pasaremos por alto centrarnos en diversos problemas que exigen solución inmediata en nuestra universidad. Seguimos padeciendo un incremento de la burocracia en las gestiones diarias de todos los colectivos, tanto en tareas docentes como sobre todo investigadoras. Del mismo modo, la aplicación de las directrices de la LOSU sigue en el aire; el porcentaje de profesor asociado de la UA se ha incrementado en los dos últimos cursos hasta aproximarse al 45 %, cuando la normativa estatal marca unos mínimos para este tipo de categoría laboral. De esta manera, encabezamos los rankings de las universidades valencianas en menos porcentaje de profesorado permanente. Por otra parte, la remodelación de algunos edificios parece quedar en el olvido, como es el caso del Pabellón 3 de la Facultad de Ciencias, donde su profesorado sigue utilizando los espacios provisionales prefabricados. La participación del estudiantado en la gobernanza es escasa, quedando en el olvido algunas promesas ofrecidas en la anterior contienda electoral. Seguimos sin tener una regulación clara y eficaz del teletrabajo del PTGAS (Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios) que pone trabas para el correcto desarrollo de las tareas administrativas de cualquier índole. Se observa igualmente la necesidad inminente de adecuar la relación de puestos de trabajo de este colectivo a las necesidades del campus. Apuntar estas deficiencias no es perjudicial para la imagen de nuestra universidad en su entorno, todo lo contrario, ofreceremos una percepción de institución pública que tiene unos retos para el futuro que quiere afrontar con tesón e ilusión. Del mismo modo que mantenemos con fuerza la defensa de la existencia de un grado que complementa, sin ninguna duda, la oferta académica de una universidad actual.
Con todo esto, la interacción con la sociedad se ha frenado. El conflicto actual paraliza cualquier línea de ampliación que se pueda realizar con el Govern autonómico y otras instancias que son críticas con la victimización de una institución que se enroca con un solo tema de reivindicación en el momento actual. Hoy tendrá lugar un encuentro oficial entre las dos autoridades que representan la situación de conflicto actual: el president de la Generalitat, Carlos Mazón, y nuestra rectora, Amparo Navarro. Esperemos que nazcan líneas de entendimiento para, sin renunciar a la aspiración más que legítima de consolidar nuestro nuevo grado en Medicina, construir un puente de entendimiento donde se puedan abordar todos y cada uno de los problemas reales de nuestra universidad. Esperemos que esta reflexión que emana de un sentido institucional y de fidelidad a nuestra Universidad produzca la percepción generalizada que se puede debatir sobre el estado de la institución sin tildarla de interesada ni subjetiva, desde el respeto completo a la gobernanza que desde su creación han ido ejerciendo los distintos equipos de gobierno que la han llevado a cabo. Somos Universidad de Alicante, cada uno de nosotros, desde el colectivo en el que ejerzamos nuestra participación. Abramos los ojos, las mentes y busquemos el punto lógico de entendimiento dentro de nuestra institución y fuera de los límites del campus. Todo ello sin renunciar a nuestras señas de identidad y en coherencia a lo que se puede esperar de una universidad del siglo XXI que no renuncia a ninguno de sus pilares de conocimiento.
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