Un impuesto de narices

Toni Gil

 

 

Por TONI GIL

Todos opinan sobre el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados inherente a la firma de una escritura de hipoteca, documento que blinda al banco prestador en caso de reclamación por impago. Todos; jurídicos, periodistas, tertulianos, asociaciones de perjudicados, políticos y mediopoensionistas. Nadie, insisto nadie, se pregunta sobre el origen del impuesto. ¿Es imprescindible el pago de esa tasa por el hecho de firmar se documento ante fedatario público? ¿Es obligado que su coste sea de un porcentaje sobre el importe del crédito o podría ser un coste fijo? Y lo siguiente… ¿Y porqué cuesta más firmar en la Comunidad Valenciana ese “acto jurídico” que en la de Madrid?

Veamos: si usted firma en Alcorcón, digamos por ejemplo, un préstamo hipotecario de 120.000 euros pagará por ese impuesto el 0,4 por ciento, esto es 480 euros, pero en El Campello, pongamos por caso, pagaría el 1,5 por ciento, esto es 1.800 euros (cálculo que realizo por los datos ofrecidos en un despacho de Europa Press).

De esta suerte, está bien que polemicemos sobre el Tribunal Supremo, sus mandamases, sus incoherencias y las presiones que presuntamente puedan recibir. Y no nos creamos que porque se les haga asumir a los bancos el impuesto éste no vaya a ser compensado por otro tipo de gastos (la comisión de apertura, por ejemplo). Donde hay que incidir, realmente, es en el origen, y corregir de inicio el desvarío. Y en eso es lo que debería estar la discusión. Metiendo las narices donde realmente “huele”.

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