De lío en lío

SYLVIA ESCRIBANO

El Ayuntamiento de Alicante cierra un año en el que no han faltado las crisis políticas, con dos ediles no adscritos, la dimisión del portavoz de Ciudadanos y un equipo de gobierno (PSOE, Guanyar y Compromís) en minoría y en el que la distancia entre los socios es cada vez más grande.

 

Pavón, Echávarri y Bellido en una reunión. Foto: JOAQUÍN P. REINA

La decisión de Guanyar de expulsar a la edil Nerea Belmonte (por la polémica adjudicación de contratos a una empresa formada por gente de su entorno personal y político) dibujó un nuevo equilibrio de fuerzas en el pleno municipal, con un equipo de gobierno en minoría (14 votos frente a los 15 de la oposición) y abocado a buscar acuerdos para sacar adelante grandes asuntos de la ciudad, como los presupuestos. Una política de pactos complicada teniendo en cuenta que ni los grupos que conforman el tripartito son capaces de ponerse de acuerdo en asuntos clave para la ciudad, como son la política comercial o la gestión de las grandes contratas municipales.


Belmonte fue la primera edil no adscrita a ningún partido de este mandato, pero no la única. El concejal Fernando Sepulcre fue el siguiente, tras dejar el grupo de Ciudadanos en junio sin renunciar a su acta de edil. Su transfuguismo debilitó a la agrupación naranja, que se quedó con cinco ediles. La segunda gran crisis de Ciudadanos llegó cuando en octubre dimitió su portavoz, el catedrático José Luis Cifuentes, tras los reproches y la falta de apoyos, tanto del grupo municipal como del partido, por faltar a un pleno para asistir a un congreso de lingüística en Alemania. Su ausencia en el pleno dio al tripartito la posibilidad de ganar las votaciones al contar con el voto de calidad del alcalde y abocó al fracaso iniciativas de la oposición, entre ellas la reprobación del edil de Limpieza que el propio Cifuentes presentó por las deficiencias en el servicio durante el verano.

 

A la zozobra en la política municipal se suman los bandazos y la incertidumbre en asuntos de gran importancia para la ciudad, como es la política comercial. El 2016 comenzó con la principal arteria comercial cerrada los domingos y festivos después de que el tripartito, con el apoyo de Ciudadanos, acordara (en el pleno de octubre de 2015) excluir Maisonnave de la zona turística del centro con libertad horaria. En un giro difícil de entender, el alcalde, el socialista Gabriel Echávarri, quiso en marzo ampliar la libertad horaria a todo el comercio de la ciudad, incluidos los centros comerciales. No lo logró porque ninguno de sus socios de gobierno ni el principal grupo de la oposición (el PP) le apoyaron, sólo lo hizo Ciudadanos. En mayo, la Generalitat devolvió a Maisonnave la libertad de abrir todos los domingos y festivos, al aceptar el recurso que planteó El Corte Inglés. Con ello, se volvió a la situación anterior a enero de 2016, a la misma que el PP aprobó en 2013 y que los socios del PSOE y Compromís, con la posición contraria de Guanyar, quisieron consolidar en una Junta de Gobierno Local celebrada en noviembre tras constatar que generaba consenso en el Consejo de Comercio. El debate, sin embargo, no está cerrado después de que una sentencia haya reconocido el derecho de los centros comerciales a estar incluidos en una Zona de Gran Afluencia Turística. Por el momento, el Ayuntamiento lo ha recurrido.

 

Uno de los grandes retos pendientes del equipo de gobierno es definir un nuevo Plan GeneralTampoco hubo unanimidad en el tripartito en otros asuntos, como en la licitación de los contratos caducados, entre ellos el de limpieza de colegios y dependencias municipales por el que cada mes se pagan 746.000 euros a Enrique Ortiz. La contrata caducó en junio de 2015 y en año y medio se pagaron fuera de contrato más de 13 millones de euros sin que el tripartito volviera a adjudicarlo. Las discrepancias entre los socios sobre si había que municipalizar o volver a contratar el servicio retrasaron más de un año el proceso de licitación. Finalmente, Compromís se alineó con el PSOE para sumar mayoría frente a Guanyar (partidario del rescate) y abrir en octubre un proceso de licitación. Sin embargo, ante la presión de la plantilla, que llegó a amenazar con una huelga, PSOE y Compromís acordaron anular el proceso de contratación. Y así, el tripartito cerró el año pagando a Ortiz cada mes por este servicio fuera de contrato. 

 

La alianza dentro del equipo de gobierno entre PSOE y Compromís para imponerse a Guanyar y desbloquear asuntos pendientes se rompió en diciembre, cuando los de Natxo Bellido se alinearon con los de Miguel Ángel Pavón para desautorizar al alcalde, Gabriel Echávarri, y cerrar el Arca de Noé, el centro de recuperación de especies salvajes de la carretera de Villafranqueza. Un episodio más de división en el tripartito, donde las relaciones entre los socios han ido enfriándose cada vez más.

 

El alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri. foto: JOAQUÍN P. REINAUno de los grandes retos pendientes del equipo de gobierno es definir un modelo de futuro y plasmarlo en un nuevo Plan General, pues el que hay data de 1987 (hace 30 años) y está obsoleto. El propio Echávarri reprochó en octubre a su socio Pavón que en 16 meses de gobierno no hubiera avanzado en ello. El edil de Urbanismo le replicó que el Plan de Protecciones que comenzó a tramitar era un primer paso. No obstante,son muchas las críticas y alegaciones a este documento por parte de colectivos profesionales, como arquitectos e ingenieros, y de empresarios. Los promotores llegaron a acusar a Pavón de "fraude de ley" y de "desviación de poder" al entender que el Catálogo de Protecciones era utilizado "como una suerte de Plan General" para proteger suelo en zonas de expansión, como la Condomina o Rabasa.

 

Entre los grandes asuntos pendientes figura, un año más, la instalación de Ikea, cuya implantación en Alicante está más en el aire que nunca después de que Enrique Ortiz (a través de la mercantil Alicante Avanza) desistiera de tramitar la Actuación Territorial Estratégica, en la que enmarcaba su llegada a Rabasa, por la oposición al proyecto de las administraciones tras el cambio de signo político, el coste de los accesos de tráfico y la negativa del pequeño comercio. En septiembre, el Consell ratificó el archivo del ATE. Desde ese momento, la llegada de Ikea a la ciudad fue, más que nunca, una incógnita. Cerrar las negociaciones con la multinacional para concretar su llegada a Alicante es una de las prioridades que el alcalde asegura haberse marcado para 2017.

 

En materia judicial también hubo novedades a lo largo de 2016. La más relevante llegó en diciembre, con la decisión de la Audiencia Provincial de archivar la investigación penal sobre la tramitación del Plan Rabasa (anulado un año y medio antes por la vía contencioso administrativa). Esta investigación, en la que, entre otros figuraban como investigados la exalcaldesa del PP Sonia Castedo y el promotor Enrique Ortiz, pretendía determinar si hubo un presunto trato de favor del Ayuntamiento hacia Ortiz en la tramitación del plan urbanístico que preveía la construcción de 13.000 viviendas, así como una zona comercial en la que se instalaría la multinacional sueca Ikea.

 

Entre los asuntos que generaron polémica en el último año también figura el plan para la reestructuración de la Policía Local, que causó malestar entre los mandos, la plantilla y los vecinos del centro, contrarios a que se elimine la unidad policial especializada en el control de veladores. La proliferación de terrazas y de locales de ocio es uno de los asuntos que más preocupa a los vecinos del Centro Tradicional y del Casco Antiguo. Aunque el conflicto entre ocio y descanso sigue sin resolverse, en 2016 desde Urbanismo dieron un primer paso suspendiendo temporalmente las licencias para nuevos pubs y bares con música en estas dos zonas.

 

Otro paso relevante se dio en materia de Memoria Histórica con la aprobación, por parte del equipo de gobierno, del cambio de nombre de más de cuarenta calles y espacios vinculados al franquismo. La sustitución de placas comenzó a finales de año y entre los cambios más significativos está, por ejemplo, el del barrio de José Antonio, renombrado como el de Miguel Hernández. El PP recurrió en el juzgado los cambios, al entender que algunos de ellos, como el de la plaza de Calvo Sotelo, no están justificados.

 

El Ayuntamiento de Alicante cierra un año en el que no han faltado los conflictos y las polémicas en la gestión municipal, que tiene muchos retos y asuntos sin resolver de cara a 2017. Entre ellos, el de generar estabilidad y definir una estrategia de  futuro para la ciudad.

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