Mientras la Constitución de 1978 siga vigente no hay que temer por la integridad de España. La Carta Magna garantiza el fracaso de los independentistas por muchos que sean y por mucho que mientan. Seguirán siendo españoles incluso aunque se vayan a vivir a Bélgica, a no ser que se pasen allí más de tres años y no atestigüen su españolidad durante ese tiempo. Camino de ello va Puigdemont, a quien le molesta que todos los españoles seamos Cataluña. Pero es así, mal que les pese a los independentistas.
Todos los españoles somos parte de todo el territorio nacional. En eso parecen estar de acuerdo Rajoy, Rivera y Sánchez, aunque éste menos que los dos primeros, pues tiene un discurso polivalente y nunca se sabe si va o viene, como le ocurre a su compañero catalán Iceta, que lo mismo le pide al Estado que le condone la deuda a Cataluña como que considere la conveniencia de indultar a los golpistas y malversadores del Govern. ¿De loco? ¿O de pescador de votos en río revuelto?
El tal Iceta no se ha comido ni un rosco el pasado 21-D y, aunque repitió en campaña electoral que el intento separatista unilateral ha fracasado y que los socialistas están en condiciones de encabezar un gobierno de reconciliación que restañe las heridas que ha dejado en la sociedad catalana el soberanismo, lo cierto es que los independentistas siguen ahí dando la murga y ojalá siga muchos años la mayoría constitucionalista que deje en ridículo a los podemitas defensores del derecho a decidir y convertir España en multitud de repúblicas bananeras de lo más cutre.
Pensaba yo antes del 21-D que las elecciones catalanas no eran decisivas, sospechando que volverían a ganar en escaños (que no en votos) los independentistas. Si PP, PSOE y Ciudadanos sostienen la Constitución, lo de menos, con ser importante, es quiénes van a gobernar en esta legislatura en Cataluña. Pero siempre y cuando se le haga cumplir al nuevo Gobierno autonómico catalán la legalidad vigente. Sin pasarles ni una. Exigiendo que se cumplan las decisiones del Tribunal Constitucional. Acabando con el adoctrinamiento antiespañolista en las escuelas. Utilizando la fuerza de la ley. Si no tienen valor para reformar la Constitución, recuperando para el Estado las competencias exclusivas en Educación y Seguridad, al menos que las sentencias del Constitucional se cumplan a rajatabla. Y si hay que echar mano del artículo 155 de nuevo, adelante, pero sin complejos y con todas las consecuencias. La blandenguería de Rajoy sirve de poco. Ya están envalentonados otra vez los independentistas, que no sólo se mofan de Rajoy sino del Rey. Inadmisible.
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