Los izquierdistas radicales, como los independentistas, se quieren cargar el Poder Judicial, una de las tres columnas sobre las que se sustenta la democracia. Las otras dos son el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Esto es el abecé, la esencia de la vida política, por lo que no se explica uno que recurran falazmente al imperio de la política para justificar sus ataques a la Justicia. Dicen los discípulos de Puigdemont (menudo maestro) que Cataluña necesita una solución política. Este emperador de pacotilla (del que se está riendo Napoleón en su tumba) ignora que el único imperio democrático es el imperio de la ley. Los independentistas que proclamaron la República de Cataluña se ciscaron en la Constitución y en el Estatut.
Lo sabían porque estaban advertidos por el Estado y hasta por los servicios jurídicos de la Generalitat. No ignoraban que lo suyo era un golpe de estado, entre otros delitos, y en toda regla. Tampoco pueden alegar desconocimiento de las penas a las que tendrían que hacer frente tras su real fracaso, nada simbólico. ¿De qué se quejan ahora? ¿A qué vienen ahora las plegarias de los obispos catalanes pidiendo clemencia para los delincuentes cuando ni confiesan sus pecados, ni tienen dolor de corazón ni se arrepienten de sus fechorías sino que persisten en sus conductas delictivas?
El Poder Judicial tiene la obligación de hacer que se cumplan las leyes y de sancionar a los que las desprecian reiteradamente. Los ‘chavistas’ y ‘maduristas’ de Podemos y de Izquierda Unida (Unidos Podemos) elogian el chavismo madurista y se suman al independentismo catalán a la vez que atacan al Tribunal Supremo. Para ellos no hay más supremacía que la política, ‘su política’ dentro de ‘su democracia’, que no es otra cosa que la dictadura del proletariado en la que los dirigentes son los dictadores y el pueblo un colectivo de hambrientos masacrados por la propaganda de la ‘lucha por la libertad’ frente a la ‘opresión capitalista’.
Los líderes de Podemos se conformaban hasta ahora con llevar la contraria a la ONU (no sólo al Estado español) sobre el derecho a decidir. Ahora se suman al golpismo independentista en Cataluña haciendo piña para seguir delinquiendo gravemente, predicando una nueva teoría de la democracia que no tiene parangón con las más puras y contrastadas democracias del mundo occidental entre las que se encuentra (y así es reconocida universalmente) la de España.
Si el bloque independentista encabezado por Roger Torrent (quien tenía la responsabilidad de iniciar una nueva etapa tras el golpe secesionista de Puigdemont) se mantiene liderando el desafío al Estado no quedará más remedio que reactivar al máximo nivel el artículo 155 de la Constitución. El estado de derecho no puede claudicar ante unos separatistas compulsivos que se hacen los mártires de una inexistente ‘represión’. En España no se persiguen ideas, sino delitos y ellos saben la gravedad de los delitos que han cometido y que siguen dispuestos a cometer. Ya saben a lo que se exponen.
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